Por más de cuatro décadas he defendido el principio democrático que da a la mayoría el legítimo derecho de gobernar. En 1977, como diputado federal, al abrir el debate de la reforma política de ese año, sostuve la necesidad de “un Congreso que sea operante y estable a través de una mayoría capaz de tomar decisiones. Por eso el sistema que se propone tiene dominante mayoritario, para que pueda preservarse la estabilidad y firmeza en la toma de las determinaciones del Congreso, [que no es solo] una representación de corrientes, es fundamentalmente un órgano de poder que debe de ser capaz de tomar decisiones”.
En 1996 en la discusión de otra reforma política, para combatir la expresión mayoriteo con la que se alude a un pretendido abuso de la mayoría al tomar decisiones con poco aprecio de las minorías, apunté que hay también el empleo abusivo de ese argumento y la pretensión minoritaria de convertir su oposición en bloqueo impuesto a las válidas decisiones mayoritarias. En mis intervenciones como senador denominé a esa argucia como “inadmisible minoriteo”.
Ese propósito de minoritear aparece en las peticiones de quienes han tenido puestos de dirección en el INE, a los cuales llegaron mediante arreglos partidistas que propiciaban la formación de mayorías calificadas de 2/3. Ahora que esa mayoría se ejerce por partidos afines entre sí, con una ideología que ellos nos comparten, quieren elevar la posibilidad de bloqueo de la minoría proponiendo que la designación de miembros del Consejo General del INE exija una mayoría calificada de 3/4, es decir el 75% de los legisladores; pero, además, piden quitarle a los diputados, que son los representantes populares por excelencia, la atribución de elegir a esos consejeros y transferirla al Senado. Su motivo es estrictamente utilitario: dar a la minoría un derecho de veto sobre las designaciones, ajeno a cualquier criterio auténticamente democrático.
En la histórica sesión del 19 de octubre de 1977, ya antes aludida, sostuve: “La mayoría tiene, sin duda, el derecho de gobernar, es su legítimo derecho, pero no puede, a nombre de ese derecho, establecer una dictadura que cancele las posibilidades de las minorías. Ni dictaduras ejercidas en nombre de la mayoría, ni tampoco una democracia que sea frágil caleidoscopio y que se autoaniquile o disperse en anarquía. Esa es la razón de que se establezca el dominante mayoritario.” Ahora como entonces, debe garantizarse la presencia de una oposición verdaderamente representativa que, con base en los votos ganados por sus candidatos, evite volver al predominio total de un partido y fomente el debate democrático.
Tiene sentido, pues, que la futura reforma electoral revierta la representación proporcional (RP), de la que actualmente surgen los pluris y fortalezca el principio mayoritario, sin cerrar la puerta a la representación opositora. Para ello no es necesario recurrir a la RP. Basta con abrir un espacio a la representación minoritaria para los candidatos que lucharon en cada distrito y consiguieron los segundos lugares para sus partidos con las cantidades más altas de votos. México es una democracia madura. Del 2000 para acá, tres distintas coaliciones han ganado la Presidencia. Cualquier partido o coalición puede ganar un distrito, ninguno requiere de un sistema que le aparte lugares en las cámaras.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en Retiro. @DEduardoAndrade
