La aviesa y sospechosa intención de los comisionados del IFETEL de rematar el espectro radioeléctrico propiedad del Estado mexicano como acto de venganza por la desaparición de ese instituto, es la mejor demostración del acierto que significa la supresión de ese tipo de órganos. En mi cátedra de Derecho Constitucional en la UNAM desde hace muchos años he sido crítico de los Organismos Constitucionales Autónomos por ser contrarios a la esencia representativa y democrática de la República.
El Estado se compone de tres elementos: Pueblo, Territorio y Gobierno o Poder Soberano. En un Estado democrático la fuente del Poder que ejerce el Gobierno es la voluntad del Pueblo que al elegir a los órganos gubernativos les transmite el Poder para ejercerlo en su representación y su beneficio. Para garantizar su ejercicio equilibrado el Poder se divide en tres funciones: legislativa que hace la ley; ejecutiva que la aplica y hace cumplir, y judicial que resuelve los conflictos surgidos de su aplicación. Esa es la lógica impecable sobre la que se diseñó nuestro sistema constitucional.
La invención de los Organismos Autónomos fue producto de la aplicación de políticas neoliberales destinadas a disminuir las funciones gubernativas de los órganos depositarios de los poderes públicos. La teoría empleada se basaba en la identificación de funciones que por su naturaleza “especial” —básicamente ligada a actividades económicas que el capital transnacional quería dominar— deberían encargarse a órganos que no pertenecieran a ninguno de esos tres poderes.
Al atribuirles autonomía se les entregaron atribuciones arrebatadas al Ejecutivo, se ataron constitucionalmente las manos al Legislativo y se les permitió escapar en buena medida del control del Judicial. En realidad la “autonomía” los independizó del gobierno pero los hizo depender de fuerzas sociales y políticas que actúan como oposición. En realidad el objetivo principal de su creación fue debilitar al Ejecutivo pues las funciones que se les atribuyeron eran principalmente de esa naturaleza, tanto respecto de organismos a los que explícitamente se les dio autonomía constitucional como a otros que sin esa expresa denominación, le restaron atribuciones a la Presidencia de la República como la Comisión Reguladora de Energía y la Nacional de Hidrocarburos en proceso de extinción.
Tal desgajamiento es la negación de la democracia y de la representatividad. Pese a que los tres Poderes se sustentan en un proceso democrático, se presumió injustificadamente que no cumplirían debidamente con la función que el pueblo les encomendó por lo que esta debía transferirse a otros funcionarios no electos, cuya legitimidad no proviene de la voluntad popular sino de supuestos conocimientos técnicos o de propuestas hechas por organizaciones de la sociedad civil que los vincularon a determinados grupos defensores de intereses privados nacionales y extranjeros enfrentados al gobierno.
Se generó así la distorsión consistente en retirar al Gobierno funciones del Estado, entendido como la comunidad integrada por sus tres elementos, para entregarlas a órganos de carácter elitista ajenos a la representación del interés popular y al origen democrático, los cuales surgieron como excrecencias oligárquicas contrarias a la naturaleza de la República.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en Retiro
@DEduardoAndrade
