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La precaria situación del Instituto Mexicano del Seguro Social no surgió de la noche a la mañana. Como una bola de nieve se dejó crecer durante décadas, al punto que el reto para la actual administración es evitar su colapso.
Precisamente un diagnóstico de las autoridades actuales alerta sobre otro punto de riesgo para el instituto. Son conocidas la saturación de servicios, las largas esperas para la programación de cirugías o para la realización de estudios clínicos, así como la escasez de medicamentos. A esto se suma ahora el hallazgo de que todas sus unidades, hospitales y clínicas de primer, segundo y tercer nivel operan con equipos e instrumental médico viejo, que cumplieron su vida útil y pone en riesgo la atención y la salud de 52.7 millones de derechohabientes.
El promedio de antigüedad de equipos por nivel de atención es, en primer nivel, de 35 años; del segundo, 36 años, y del tercero, también 36 años. La modernización tuvo que haberse realizado durante gobiernos anteriores, pero fue poco el interés de ofrecer servicios de calidad a casi la mitad del país, que es la que acude a recibir atención médica en clínicas y hospitales del IMSS.
Este gobierno se ha centrado en la contratación de personal médico y en garantizar el abasto de medicinas, pero poco valdrá ese esfuerzo si el instrumental se encuentra en obsolescencia. Renovar el total de equipo (unos 201 mil artículos) requiere aproximadamente de 18 mil 611 millones de pesos. Para el año que está por empezar hay casi 6 mil millones de pesos asignados para ese rubro, apenas la tercera parte del total. Por falta de recursos, resolver la problemática tomará varios años.
El instituto se encuentra presionado por diversos flancos, desde la carencia de insumos y personal, hasta el pago de pensiones a sus trabajadores. Dejar que el deterioro continúe representaría afectar a los sectores de la población más necesitados, por lo que no es opción.
El gobierno federal ofreció que la población tendría servicios de salud de calidad; sin embargo, devolver al IMSS todo lo que perdió en décadas requerirá de una administración eficiente de los recursos.
Cuando los derechohabientes perciban el cambio, serán los primeros en reconocerlo, así como hasta ahora son los que denuncian las deficiencias. El instituto está probablemente ante la última oportunidad para enderezar el camino en materia de calidad.
