El sábado pasado, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), estuvo a punto de ocurrir una tragedia que habría costado decenas de vidas, cuando se autorizó el aterrizaje a un avión en la misma pista en que otra aeronave se preparaba para su despegue.
Este incidente reveló la crítica situación en la que vienen operando los aeropuertos del país y en especial los del Valle de México, afectados por una combinación de reducción de presupuestos, conflictos sindicales y rediseño de los espacios aéreos.
El problema puso al descubierto un déficit de 300 controladores en todo el país, producto de despidos injustificados por motivos sindicales, lo que viene a agravar una crisis en la que desde diciembre de 2021 se han reportado en el país 30 incidentes graves de control aéreo por aproximación, de los cuales hasta una tercera parte corresponden al AICM.
Es un tema muy delicado como para que ahora se intente politizar y tratar de avalar con él que se trasladen las operaciones del AICM al AIFA, justificando un problema de saturación en el primero, pero tampoco se trata de suspender las operaciones en el segundo, como lo han pedido algunos legisladores de la oposición.
Se trata de un tema de seguridad, no de golpeteo político, y en el que se debe regular lo que por razones de protección a pasajeros, tripulantes y personal en tierra, sea lo más idóneo para garantizar el control aéreo y las operaciones en tierra de las aeronaves.
Se debe procurar que los controladores de vuelo cuenten con los conocimientos, los criterios y las condiciones laborales óptimas para realizar su trabajo sin distracciones o errores que se puedan traducir en la pérdida de vidas.
Y no solo queda en la posibilidad de un accidente aéreo, sino también en la afectación para el prestigio y el nivel de profesionalismo de la aviación del país, luego de que México fue objeto de degradación en su categoría aeroportuaria, que se suma a una serie de alertas de todo tipo que se han venido acumulando en los aeropuertos mexicanos.
Autoridades, trabajadores de la aviación comercial y expertos en aeronáutica deben colaborar de manera estrecha y comprometida con la seguridad, sin tintes o enfoques políticos, en una reconfiguración bien estudiada y profesional para el uso del espacio aéreo, más allá de echar la culpa a malas decisiones y caprichos políticos.