En el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la orden de aprehensión en su contra, llama la atención de la premura de la intervención de los legisladores de Morena, de los coordinadores, quienes ya estaban informados con anticipación y esperaban la orden desde arriba para actuar como si formaran parte de la Fiscalía,
En especial es notoria la insistencia del coordinador Ricardo Monreal para proceder a la desaparición de poderes en Tamaulipas, por su desacato para destituir al gobernador y nombrar uno sustituto cuanto antes.
Y mientras el congreso estatal clama que se está afectando su soberanía y diversas voces se alzan en defensa del pacto federal puesto en riesgo por el partido en el poder, este choque de poderes, de visiones y de interpretaciones legales representa un atentado inexplicable para una república federalista, en particular considerando la prisa y premura con que una de las partes quiere que se resuelva todo antes de la elección del 6 de junio.
En el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es indudable que la justicia se tiene que aplicar, si el mandatario estatal tiene deudas con la ley, sobre éstas se debió haber procedido desde mucho tiempo atrás cuando empezaron a presentarse las denuncias, sin embargo, por los tiempos con los que están corriendo los sucesos, pareciera que todo ha sido calculado para tener su momento climático en el preámbulo de las elecciones, y como todo se va resolviendo, da la impresión de que se van palomeando uno a uno pendientes en una agenda conforme se van cumpliendo.
Surgen cosas que hacen sospechar de la independencia de la Fiscalía, como por ejemplo que los actores políticos, los líderes de las bancadas del gobierno en el Congreso, sean los primeros que hagan los anuncios y que muestren obsesión por desaparecer los poderes en Tamaulipas.
Es un hecho que se debe perseguir a quien tenga delitos en su haber y en especial ir tras quien se le puede comprobar que ha cometido actos de corrupción y que ha actuado con dolo contra los bienes de la nación que le han sido encomendados, pero hacerlo en tiempos electorales hace que cualquier persecución se vuelva más que sospechosa.
Sólo a principios de este mes el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguraba haber recibido de parte del presidente López Obrador la instrucción de no levantar ningún expediente por caso de corrupción que pudiera influir o cargar hacia algún lado la decisión de los votantes en el proceso electoral, y que todo debería dejarse para después de los comicios. Por eso, no queda más que preguntarse: ¿por qué tanta prisa?