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Bastó un solo mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales para desatar gran polémica en torno a la posibilidad de un golpe de Estado en México que tire a un gobierno democráticamente electo. Un escenario que, más allá de su inviabilidad, debe ser desterrado de cualquier consideración futura, pues no beneficia a nadie. El México en democracia que tanto trabajo ha costado construir no debe retroceder décadas atrás con la mención de un empleo de las armas que hasta ayer no se había puesto sobre la mesa.
Para empezar, hay que recordar que las Fuerzas Armadas mexicanas, a diferencia de otros ejércitos en los países más importantes de América Latina, tiene una tradición de institucionalidad profundamente arraigada. Mientras en Argentina, Brasil, Chile y otras naciones, los mandos militares traicionaron a sus respectivos pueblos y tomaron el poder, en México el Ejército se mantuvo siempre leal al gobierno civil; incluso cuando cambió el partido político regente.
Los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, derivaron en una decisión difícil por parte del Ejecutivo que de acuerdo con la opinión de varios especialistas —incluidos mandos castrenses— afectó la imagen de las Fuerzas Armadas. Pero la distancia es enorme entre ese hecho y la posibilidad de que el Ejército pudiera siquiera considerar un golpe de Estado contra un gobierno electo por la mayoría de los mexicanos apenas el año pasado.
Peor aun sería si, con el pretexto de esta desafortunada mención, hubiera quien considerara que la opción de las armas es viable ante la inconformidad de algunos sectores con los cambios que ha efectuado este gobierno.
Todos los actores políticos están obligados, en esta coyuntura, a rechazar esta consideración. Por fortuna así ha sido a lo largo de las horas transcurridas tras el paralelismo que hizo el Presidente la mañana del sábado con tiempos pasados que, afortunadamente, nunca regresarán.
Frente a los ánimos encendidos que las transformaciones de este gobierno ha generado; algunos a favor, otros en contra, lo mejor que todas las partes pueden hacer es recurrir a la prudencia y la mesura.
La oposición no debe caer en la tentación de cuestionar la legitimidad de este gobierno ni de equiparar sus acciones a la de dictaduras ante las cuales se justificaba el uso de la fuerza para derrocarlas.
Asimismo, los integrantes del gobierno federal y de Morena deben ser más tolerantes a la crítica y no intentar confundir a la población haciéndole creer que increpar a un régimen democráticamente electo es lo mismo que llamar a su deposición.
