En torno al sistema de justicia, durante muchos tiempos ha prevalecido en el país la idea —no errada— de que en las cárceles solo se encuentran personas pobres que no pudieron pagar una buena defensa.
En los últimos años se agregó un juicio más —tampoco nada errado— en el cual se afirma que los narcotraficantes y sus cómplices que son detenidos, en poco tiempo recuperan su libertad.
En meses recientes cobraron relevancia los casos de Rafael Caro Quintero y de Óscar “N”, El Lunares. Al primero le faltaban 12 años para completar la condena de 40 cuando obtuvo su libertad; su salida se dio en horas de la madrugada y ahora es considerado prófugo de la justicia. El segundo, dos veces fue apresado y las mismas ocasiones obtuvo su libertad por las acusaciones poco sólidas de parte de la autoridad; en la tercera reaprehensión finalmente el juez validó las pruebas y vinculó a proceso a quien es señalado como líder del cártel de la Unión Tepito.
El operativo para su captura se realizó el sábado 20 de junio, y en él participaron elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la fiscalía estatal. La confirmación del operativo estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional que informó que a las detenidas les decomisaron 2 millones de pesos y un kilo metanfetaminas. Fueron un total de 26 personas capturadas. El hecho propició una violenta respuesta del cártel con vehículos incendiados y vías de comunicación bloqueadas, así como una frontal amenaza del líder de la agrupación delictiva al gobierno federal.
Poco más de una semana después ninguno de los detenidos fue vinculado a algún proceso penal. Todos se encuentran libres.
En febrero de este año la misma suerte corrió Karina “N”, esposa de El Marro, aprehendida por la acusación de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Este lunes los gobiernos federal y estatal cruzaron acusaciones por la liberación de los detenidos. Las diferencias mostradas ayer pueden ser la causa de una integración deficiente del expediente.
Ahora que la violencia criminal no cede, las diferencias políticas deberían borrarse. En estos momentos, sin embargo, parece que la seguridad ciudadana lamentablemente ha quedado en segundo término.
