La urgencia por allegarse la mayor cantidad de recursos económicos posibles está llevando al actual gobierno a hacer uso de medidas que en otro tiempo habría criticado sin reservas cuando aún era oposición, como el recorte de presupuesto para programas sociales, la eliminación de fondos públicos destinados lo mismo a atención de contingencias, protección a víctimas o el impulso a la ciencia y el arte, y el empleo de recursos dignos del calificativo de “terrorismo fiscal”.
En este último apartado se propuso echar mano de la tecnología en las visitas al contribuyente para el registro de conversaciones y videograbaciones que pudieran emplearse para demostrar la capacidad financiera de una persona y exigirle el pago de sus impuestos. Si bien la propuesta iba en el entendido de que el registro se haría con equipo de los representantes del SAT, se temió en algún momento que esta atribución se malinterpretara y diera pie a hacer también intervención electrónica de los dispositivos de comunicación del contribuyente, pues en la misma no se establecían límites en ese sentido.
Revisar ingresos, gastos y activos declarados por los contribuyentes tiene sin duda una justificación lógica, pues permite detectar cuando un contribuyente ha proporcionado información falsa o insuficiente. Pero ir más allá y llevar registro de sus actos —incluidos los de índole personal—, o hacer visitas y hacer registro fotográfico pormenorizado de su entorno tiene, más allá de su utilidad de mero inventario, también y sin duda un carácter intimidatorio.
Por lo anterior, la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación considerando el uso de herramientas tecnológicas fue desde un inicio generadora de polémica y se le percibió de inmediato como dotar de atribuciones excesivas al SAT. Fue por ello que finalmente se le desechó en la sesión de ayer del Senado, en la que se analizaron ésta y otras modificaciones de política fiscal.
Nadie puede estar en contra de que se recaude y que se obligue a pagar a los que tienen que pagar, pero de ahí a que se pase a un esquema que se antoja prácticamente de espionaje, en donde ya hay una intervención directa a la intimidad de los contribuyentes, así como que no se garantice la seguridad y protección de la información obtenida, la cual podría caer en manos equivocadas o ser puesta a la venta por funcionarios corruptos, podría generar graves daños de no cuidarse la confidencialidad.
Si lo que se requiere es incrementar la recaudación sin aumentar los impuestos, deben estudiarse otras posibilidades que no impliquen la coerción o intimidación del contribuyente.
