En el Día Mundial de la Libertad de Expresión distintos reportes mencionan que hay un retroceso en la materia a nivel mundial, y México no escapa a esa tendencia.
Para el Comité de Protección a Periodistas, una organización no lucrativa que promueve la libertad de expresión a nivel internacional, México es un país en el que, de manera sostenida, desde 2014, ha tenido incrementos en el asesinato de reporteros, por lo que considera importante que el gobierno federal haga todas las acciones para garantizar la seguridad del gremio.
El problema es que desde la cabeza del Poder Ejecutivo se lanza casi a diario una andanada de críticas y descalificaciones a quienes hacen señalamientos a las acciones de gobierno. De acuerdo con expertos, hay una diferencia clara con la situación actual y la que se presentó en sexenios anteriores: antes el riesgo era principalmente para la prensa que investigaba hechos relacionados con el crimen organizado o la corrupción, pero ahora es para la prensa en general, debido a que cualquier matiz o cualquier diferencia que no vaya acorde con la línea oficial representa casi en automático ataques desde la tribuna del poder.
Si desde el poder se denigra, se ataca y se busca tergiversar la tarea periodística, además de poner en riesgo la integridad física de quienes ejercen esa labor, se abre la puerta para que otras autoridades de gobierno lleven esa práctica a mayor nivel y, por consiguiente, los medios de comunicación locales tengan que callar para cuidar primero la vida de sus trabajadores.
Hace un par de semanas la Sociedad Interamericana de Prensa alertó que los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero se han convertido en zonas de silencio absoluto, debido a la violencia que padece la prensa. En esas regiones no se publican informaciones sobre seguridad, temas policiacos o algunos contenidos políticos. En los estados, los trabajadores de la prensa siempre se han encontrado en situación más vulnerable.
Las cifras de agresiones y de asesinatos contra periodistas no difieren en nada con las registradas en gobiernos anteriores. A eso hay que sumar que no se percibe interés ni esfuerzo en protegerlos y que, a las recomendaciones del exterior para tomar medidas en ese sentido, la respuesta es de descalificación.
El panorama es gris y poco satisfactorio.