Vulnerables, discriminados y con frecuencia engañados por organizaciones criminales es la descripción más apegada a la realidad de los migrantes que cruzan por territorio mexicano. A ello hay que sumar que su situación no parece importar a quienes tienen la posibilidad de modificar el escenario de abusos y agravios.
En la 64 legislatura (2018-2021) se presentaron 66 iniciativas para fortalecer la protección de los migrantes, pero 51 se encuentran en la “congeladora” legislativa, en calidad de “pendientes”, 11 fueron retiradas, solo tres fueron aprobadas y una fue desechada.
Entre los proyectos pendientes hay propuestas para garantizar que el Estado proteja a los migrantes “bajo el principio de no criminalización”, para atender las causas estructurales de la migración, para sancionar a funcionarios que propicien la trata de migrantes y para elaborar e implementar protocolos de atención y evitar la violencia contra los migrantes.
Las iniciativas que se aprobaron permiten a los migrantes obtener permisos de trabajo, garantizan que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) utilice la tecnología en la vigilancia de entrada y salida de nacionales y extranjeros y emiten reglamentos para atender el desplazamiento forzado interno. Medidas que se quedan cortas ante la magnitud del problema que ha enfrentado el país desde el inicio de esta administración.
Las distintas situaciones que han vivido en los últimos años los migrantes en territorio mexicano quedan como evidencia de la falta de preparación de agentes migratorios (e incluso de la Guardia Nacional) para establecer protocolos de contención, de la falta de presupuesto en oficinas federales para atender las peticiones de refugio y de la libre actuación de mafias que operan el tráfico de seres humanos.
Todos los actores involucrados eluden su responsabilidad. En primer lugar los elementos del INM cuando incurren en abusos, también las corporaciones policiacas que descuidan los retenes y permiten el paso de vehículos que transportan a cientos de migrantes y principalmente los legisladores, que no consideran de relevancia las iniciativas de ley que podrían cambiar el panorama actual.
Los migrantes en México parecen vivir el peor de los mundos.