Anteriormente para los diputados era requisito separarse de su escaño para postularse a un segundo periodo en su puesto, pero con las reformas del INE al proceso de reelección legislativa consecutiva, los legisladores pueden conservar su cargo —lo cual es una gran ventaja ya que así pueden garantizar la continuidad de los trabajos legislativos en los que participan—, y optar por la reelección tan solo cumpliendo un trámite de transparencia que es por demás bastante justo y en concordancia con lo que reiteradamente ha demandado la sociedad de sus representantes.
Llama la atención que algunos de los métodos que el INE se reserva para constatar que un diputado se conduzca con transparencia, se contemplan algunos que podrían resultar polémicos, como el recurso de visitas sorpresa a módulos de atención ciudadana o de oficinas de gestión, que algunos de estos representantes sociales llegan a operar para estar más cerca de sus representados y brindar algún servicio a la comunidad que los eligió.
Las visitas a estas instalaciones se efectuarían con el objetivo de comprobar que los recursos que reciben por concepto de Asistencia Legislativa y Atención Ciudadana (y que sirven para cubrir los gastos de operación de tales lugares y la instrumentación de programas sociales), se destinan efectivamente a ese uso y no se desvían para solventar gastos de campaña política o labores de proselitismo.
Si tras estas auditorías, el INE detecta actividades irregulares en el manejo de esos recursos, podría llevar el caso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).
Entre los objetivos que tiene la aplicación de estas medidas, que algunos han visto como excesivas, se explica que se tomaron para garantizar que los diputados que aspiran a una reelección, lo hagan en igualdad de condiciones que los candidatos que se postulan por primera vez a ocupar una curul.
Se reitera que el INE busca garantizar la equidad en la contienda, a la vez de prevenir el uso indebido de los recursos o subvenciones
Es una medida pertinente el que se les pida a los diputados transparentar sus recursos, pero lo mismo debería regir aún si no buscaran reelección. El propio sistema anticorrupción debería obligar a los legisladores a manifestar públicamente los bienes que reciben para actividades relativas a su cargo. Y esto se debe a que lamentablemente el Congreso ha sido una de las instancias más opacas de la administración pública en lo relativo al manejo de sus recursos. Si con nuestros diputados hay transparencia, ganamos todos.
