Rosario Piedra Ibarra era, por mérito propio y por formar parte de un clan familiar que se ha distinguido por su activismo político y la lucha por la libertad y contra las injusticias que vienen azotando a los mexicanos desde hace varias décadas —postura que llevó a varios de sus integrantes a verse agraviados en sus derechos— la opción casi natural para estar al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su trayectoria y abolengo político, nadie tan idónea al puesto como ella, hija de la legendaria luchadora social Rosario Ibarra de Piedra (alguna vez candidata a la presidencia de la República y exsenadora) y hermana de Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en la década de los 70 por su actividad comunista y su relación con el grupo armado Liga 23 de Septiembre, y que como víctima del Estado se volvió caso paradigmático de la denominada Guerra Sucia emprendida por el gobierno del presidente Luis Echeverría contra quienes cuestionaban su administración, algunos convencidos de que cualquier cambio que se deseara no podría concretarse por la vía pacífica. Sin embargo, la forma en que Rosario hoy llega a ocupar la silla que deja Luis Raúl González Pérez, hace levantar suspicacias sobre el necesario apartidismo y postura crítica requeridas para ejercer al frente del organismo.
La CNDH es el órgano público sobre el que recae la delicada responsabilidad de vigilar los actos del gobierno para que estos no atenten contra las libertades y garantías individuales de los ciudadanos sobre los que rige y representa. Por tanto, a la institución se le considera un contrapeso natural al sistema gubernamental y los funcionarios encargados de ejercerlo, en especial el Presidente de la nación. Por ello es deseable que quien la encabece sea una persona de la máxima credibilidad y honor, preferentemente ajena al poder político, aunque con Rosario Piedra la cercanía a éste podría constituir un factor de incertidumbre que pudiera inhibir en ella cualquier postura crítica o cuestionamiento hacia quien se supone debe vigilar objetivamente en su desempeño público.
Piedra Ibarra llega hoy al cargo entre irregularidades y sospechas de fraude en el proceso de su elección en el Senado de la República, además de señalamientos a su militancia política aún activa en su partido, cuando que para ser candidata se requería su previa separación al mismo, a fin de garantizar su autonomía e independencia de criterio y juicio, base de su imparcialidad.
Es grave que la titular del máximo órgano de atención a los derechos humanos inicie su gestión con cuestionamientos, dado que la legitimidad es justamente la base de la institución.
