Más de dos años han transcurrido desde que el Presidente dijo haber acabado con el huachicol de arriba (los desfalcos, fraudes y evasiones fiscales cometidos por delincuentes de cuello blanco) y de abajo (la sustracción clandestina de petróleo, gas y gasolina), y haber reducido el robo de combustibles hasta en un 95%, aunque las ventas de la propia petrolera jamás lo reflejaron o mostraron algún índice de mejoría, ni tampoco la esperada recuperación de hasta 50 mil millones de pesos que se iba a dar en 2019 con el fin del huachicoleo en sus dos modalidades.
A pesar de que se anunció que la práctica del huachicol había sido erradicada o por lo menos desalentada casi en su totalidad, se acaba de conocer que en el primer semestre de este año hasta 11% de los productos desplazados por la red de ductos de Pemex, equivalentes a 2 millones 125 mil barriles de diesel, gasolinas y hasta turbosina, fueron sustraídos por tomas clandestinas localizadas en diversos puntos de la República.
Y al vergonzante y descomunal robo de combustibles deben sumarse también que la destrucción y pérdida de vidas causadas por la práctica del huachicol, como lo muestra la reciente explosión en San Pablo Xochimehuacán, Puebla, o el hallazgo de pipas de gas robadas y enfrentamientos de civiles con fuerzas del orden para impedir la detención de los responsables, son muestra de que este delito no ha parado y, por el contrario, cada vez cobra más fuerza.
La extracción u “ordeña” de ductos es solo una de las modalidades de huachicoleo y tal vez la más conocida, pero también debe anotarse el robo de pipas y otros transportes de combustible, así como el asalto a centros de producción, almacenamiento e incluso refinerías.
Eso sin contar que la delincuencia organizada, no contenta con robar combustibles, ahora también está estableciendo territorios para monopolizar la venta de lo hurtado, como en el caso del gas LP, desplazando a las empresas legalmente constituidas e impidiéndoles cubrir la demanda de los consumidores en determinadas zonas, con la consiguiente afectación económica tanto para productores y distribuidores, como para los consumidores finales.
Que el huachicol está todavía muy lejos de extinguirse es una lamentable realidad. Y queda claro que los problemas no se acaban por decreto ni voluntarismos de ningún tipo, sino con la participación activa no solo de las autoridades, sino también con la voluntad de los consumidores que por buscar ahorros, solapan este tipo de delitos de tan funestas consecuencias.