Haber retirado a 3.6 millones de niñas y niños de educación básica la oportunidad de contar con más horas de estudio y con alimentos en su escuela es una medida que se va quedando solo con adeptos entre funcionarios del gobierno, pues en diputados oficialistas hay una postura firme para bregar por el retorno del Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde han tomado la determinación de apoyar el retorno de ese programa, como lo demandan bancadas opositoras.
Durante los años que estuvo vigente, desde 2008, el simple hecho de extender el horario escolar y dar alimentos a los menores mostró mejoría en el desempeño escolar de alumnas y alumnos de zonas marginadas, áreas en donde estaba enfocado el programa, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo.
Pero el espaldarazo al programa también se dio desde organismos internacionales como el Banco Mundial, que en 2018 estudió el impacto de los horarios ampliados en el desempeño de estudiantes. El rasgo más importante encontrado consistió en que el programa tiene “consecuencias positivas mayores en los alumnos de escuelas ubicadas en zonas vulnerables y de alta marginalidad”.
Al inicio de este gobierno las propias autoridades educativas también manifestaron su aval al programa, pero hace unas semanas ningún comentario positivo se tomó en cuenta para anunciar el fin de las escuelas de tiempo completo.
Es en principio contradictorio que luego de dos años de pandemia, cuando la educación en México fue uno de los sectores más afectados y en donde se ha documentado el atraso escolar, se haya tomado la decisión de cortar el horario ampliado en escuelas.
En la Cámara de Diputados comienza a vislumbrarse un consenso para defender el programa, lo cual no tendría que significar una descalificación al gobierno federal sino el resultado de una reflexión más profunda sobre los efectos de suspenderlo.
Con esta acción el Poder Legislativo estaría cumpliendo apenas su cometido, que es el de incidir en la vida política del país al escuchar las demandas de grupos mayoritarios de la población y no ser exclusivamente (particularmente las bancadas afines al gobierno federal) una oficialía de partes del Poder Ejecutivo. Expresar una posición contraria es un primer paso.