Para el entrevistado de hoy en nuestras páginas, Enrique Irazoque Palazuelos, funcionario de la Secretaría de Gobernación, México está sumido en una crisis de derechos desde 2006 y por la que se ha permitido la expansión del crimen organizado y la normalización de una corrupción que se traduce en impunidad para más del 90% de casos de homicidio de periodistas y defensores de derechos humanos, que constituyen tal vez solo la parte más visible de todos los agravios a los que está expuesta la ciudadanía en general y de crímenes que incluyen tortura, secuestro y otros delitos de gran calado.
Y en esta situación crítica es lamentable que casi la mitad de las agresiones a periodistas y activistas provienen de autoridades municipales o tienen alguna relación con ellos, donde los ataques se concentran en seis estados de la República. Irazoque ve el origen de esa impunidad focalizado en las fiscalías generales de justicia, por lo que propone un gran debate nacional dirigido a erradicarla.
En paralelo, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos y Periodistas ha tenido que ampliarse a casi al doble de su cobertura en lo que va de este sexenio, y bajo el cual actualmente se hayan acogidas 1,518 personas, con la consiguiente liberación de recursos necesarios para poder garantizar su funcionamiento y a pesar de que se asegura que es una cantidad de presupuesto histórica para este objetivo, siguen cayendo comunicadores víctimas de las balas y de otras agresiones.
Es todavía una preocupación que México sea el país en donde más periodistas mueren sin haber una guerra de por medio —que ha sido tradicionalmente la explicación frecuente para esta pérdida de vidas— y en donde mediante la intimidación se ha logrado inhibir la libertad de expresión, haciendo de nuestra nación la de mayor riesgo para la labor informativa.
Que las marchas que se realizaron ayer sean un poderoso llamado de alerta que mueva a la acción de sociedad y gobierno para proteger a los informadores y que además constituya el fin de la polarización, la descalificación y el asedio que desde el poder oficial se da contra la prensa crítica mexicana. Solo hay que recordar que no hay democracia posible sin libre expresión.