El aumento en los precios de la vivienda y la reducción en el número de créditos que la banca privada ofrece, aunado al golpe conjunto en la economía de la pandemia, la inflación y el desempleo, están haciendo que para cada vez más mexicanos el contar con casa propia sea un sueño que se está volviendo inalcanzable o demasiado lejano, especialmente para los más jóvenes.
Tan solo en el pasado mes de marzo, el segmento de mercado de la denominada vivienda social registró una contracción de 15% en la oferta de créditos de origen privado, contra los que había disponibles por parte de la banca comercial en el mismo mes de 2021.
Al parecer esta caída en la oferta de créditos para vivienda popular se explica en parte por la eliminación de subsidios e incentivos durante la anterior administración del país, pero también sin duda tiene que ver con que se trata de un segmento de mercado que no resulta tan atractivo para la banca privada, mientras que ésta ha preferido enfocar la mira en aumentar la disponibilidad de préstamos para viviendas para clases más solventes económicamente, que indudablemente son más redituables para el negocio bancario en México, toda vez que al sector de la construcción también le pegó el aumento de los materiales, de los salarios mínimos para los trabajadores y hasta un incremento en el valor de las propiedades y terrenos con uso habitacional.
En tanto, por la parte social del público meta de estos créditos populares, está la consideración de que el monto económico que las familias deben dedicar al pago de estos financiamientos no debe exceder del 30% de sus ingresos, por lo que para los bancos el retorno de la inversión se hace mucho más lenta y desalienta a esas instituciones a ampliar su cartera de clientes de ese rango de población.
Siendo el actual un gobierno con vocación social, que se ha comprometido a ayudar a los más desprotegidos, la realidad para sectores bajos y medios choca cuando no ha sido posible revertir esta caída en el financiamiento de la vivienda de interés social y que es un problema que está afectando a los niveles más jóvenes de la población, que no pueden garantizarse su derecho a contar con un lugar en donde vivir. Urge analizar la posibilidad de contar con otros esquemas de crédito para vivienda, más allá de lo disponible a través de las financieras gubernamentales como el Infonavit o el Fovissste.
