Combatir la corrupción en el sector salud cortando de tajo los contratos existentes con compañías farmacéuticas, ha resultado en un caos que ha crecido como bola de nieve, con la afectación en primer plano para miles de pacientes de todo el país. Asegura la Cofepris que esas empresas mantenían un trato privilegiado y detentaban el monopolio como surtidoras exclusivas para el gobierno, imposibilitando la entrada de otras, tanto nacionales como extranjeras, por la red de intereses creados en ese contubernio.
Sin embargo, para atender la crisis surgida por desabasto de medicamentos, el gobierno ha anunciado como medida emergente el autorizar la compra de fármacos a empresas internacionales, incluso sin el registro sanitario que expide la propia Cofepris a fórmulas que ya han sido probadas en el contexto mexicano. Ello ha levantado críticas en diversos sectores, en especial por el temor de que se adquieran medicinas producidas por mayoristas asiáticos que si bien ofrecen mejores precios, no cuentan con el aval de organismos internacionales sobre la seguridad y efectividad de sus productos. Y si bien como fórmulas cuentan con recomendación de la Organización Mundial de la Salud, preocupa saber que, a decir de la Canifarma, la OMS exime su responsabilidad por afectaciones o consecuencias por lotes adquiridos a fabricantes que no cumplan con las normativas internacionales.
Si se acepta la hipótesis de una corrupción que había permeado a todos los niveles la relación entre el sector salud y sus proveedores de medicamentos, suprimir de golpe con los esquemas de adquisición de estos productos no fue precisamente la mejor decisión que pudo haberse tomado, ya que en medio de todo quedaron los pacientes cuya vida depende de la continuidad con que cuenten sus tratamientos.
Ahora que se busca reparar ese daño y atender la emergencia de la manera más rápida posible, las autoridades de salud, así como todo el aparato estatal involucrado en la toma de decisiones para ese sector, deben tener presente que por encima de todo hay que privilegiar no solo el abasto sino la calidad de las medicinas que el gobierno adquiere para la población, sea asegurada o no.
Las compras de fármacos que se hagan a compañías internacionales son aceptables y son una opción siempre y cuando haya una garantía de calidad, pero hay que tener en cuenta que los registros sanitarios nacionales se expiden cuando ya se ha comprobado que un fármaco ha demostrado ser efectivo para las características particulares del paciente mexicano. Comprar privilegiando el precio o la rapidez de entrega sobre la seguridad o efectividad de un producto destinado a la salud, no es buena solución.
