Con una tasa de 3.76% al cierre del mes pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró la inflación más alta para un mes de febrero en 21 años, y se prevé que en el mes en curso y en el próximo se vuelvan a alcanzar picos máximos.
El efecto inflacionario observado es consecuencia del alza en los precios de los combustibles (gasolina y gas), así como en las tarifas del servicio eléctrico golpeadas por incidentes en la red nacional, como por el corte del suministro de combustible proveniente de Estados Unidos.
Algunos analistas estiman que la reforma eléctrica que le fue recientemente aprobada al gobierno federal necesariamente tendrá un efecto negativo en la economía, toda vez que se espera un incremento en el que lejos de alcanzarse tarifas más bajas en el costo del servicio eléctrico —especialmente en el servicio doméstico, como lo prometió el Ejecutivo—, el cambio de reglas en el sector se traducirá forzosamente en un incremento en el costo de la energía, especialmente para el ramo industrial, el cual, lejos de absorberlo, lo trasladará al consumidor final con un aumento en los precios de productos o servicios.
Las políticas antineoliberales adoptadas por la actual administración nacional, entre las que destaca la cancelación de obras y compromisos adquiridos por gobiernos anteriores, así como la supresión de magnos proyectos privados de inversión, y el intento por “recuperar” la soberanía sobre el sector energético, eliminando o reduciendo al mínimo la participación extranjera, no harán más que disuadir la inversión y frenar el crecimiento, pues el mensaje que se está mandando tanto al exterior como a la iniciativa privada nacional es de incertidumbre, el de un gobierno que no cumple acuerdos y que está operando a punta de bandazos.
Lo anterior ha llevado a que firmas financieras internacionales estén hablando ya de una probable desaparición de la inversión directa extranjera en nuestro país, por lo menos en el sector energético, a la par de que se deberá enfrentar un alud de demandas por incumplimiento de contratos, lo que sin duda también impactará en las arcas nacionales y, por ende, con cargo al bolsillo del consumidor mexicano, que no solo deberá lidiar con precios más altos, sino con un mercado laboral disminuido y una depauperización en sus ingresos.
El repunte inflacionario constituye un mal tiempo que debe detenerse. La parte que se espera del gobierno es moderar algunos de sus impuestos y que el Banco de México intervenga para controlar la inflación y amortizar sus efectos para el ciudadano promedio, lo que parece tarea difícil más no imposible.
