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Mientras millones de mexicanos pagan sus impuestos de manera oportuna, por ser contribuyentes cautivos que cada 15 días ven reflejado en un recibo de nómina los descuentos que aplica el empleador, hay un grupo menor que recibe un trato privilegiado por la autoridad hacendaria, que los libera de pagar millones de pesos por concepto de contribuciones fiscales.
Después de cuatro años de litigio, la agrupación civil Fundar obtuvo del Servicio de Administración Tributaria la lista y los montos de las personas físicas y empresas beneficiadas a las cuales se les perdonó un total de 274 mil millones de pesos. Se trata de 7 mil 885 personas y empresas beneficiadas entre el 1 de enero de 2007 y el 4 de mayo de 2015.
En estricto sentido no hay nada ilegal, pues las acciones tuvieron fundamento en lo que establecía la Ley de Ingresos de la Federación de cada año y el Código Fiscal federal. Lo cuestionable son las formas poco transparentes en que se toman las decisiones, así como los montos. ¿Cómo explicar que ocho de los beneficiarios (0.1% del total) concentren 21% del total perdonado (36 mil 845 millones de pesos)?
En los últimos años grandes consorcios invirtieron recursos para contar con expertos jurídicos que encontraran resquicios en las leyes fiscales con el único objetivo de pagar menos impuestos o de plano no pagar.
Al mismo tiempo, México era reconvenido por organismos internaciones debido a su bajo nivel de recaudación fiscal, pues se encuentra detrás de los índices que muestran otros países de América Latina. Como respuesta, pasadas administraciones mejoraron la eficiencia recaudatoria, con el fin de elevar la captación de ingresos vía impuestos. Se logró un modesto incremento en la recaudación. Probablemente habría sido mayor, si todos los contribuyentes hubieran sido medidos con la misma vara.
Con la evasión del pago de impuestos se va también la oportunidad de que la hacienda pública obtenga recursos para destinarlos a eliminar añejos rezagos en distintos sectores nacionales.
Los nombres de beneficiados y los montos del perdón fiscal se conocieron luego de una decisión judicial que ordenó entregarlos a la agrupación que lo solicitó. Se trató de un fallo que contribuye a consolidar la transparencia que debe existir en los actos de gobierno.
Este caso debe servir también para recordar el valor y la importancia de que los ciudadanos tengan acceso a la información oficial. La vigilancia ciudadana es un rol que puede ayudar a cambiar muchas cosas en este país.
