Luego de haber abierto un espacio destinado a exhibir a los medios que a juicio de la Presidencia de la República emitan información falsa o verídica pero intencionalmente exagerada, ahora desde el Partido del Trabajo se lanza una propuesta para que los medios que resulten señalados, se les inicie una investigación con miras a contar con pretextos o justificaciones para, incluso, cerrarlos, bajo la premisa de la protección de las audiencias.
Parecieran tan solo ocurrencias de los legisladores para mostrar lealtad con quien ejerce el poder desde Palacio Nacional, pero que al proponerse en una tribuna como la de la Cámara de Diputados van en camino contrario a lo que se ha avanzado en materia de libertad de expresión en nuestra nación.
Y si bien en México se ha despenalizado el delito de difamación, sí se sigue sancionando el daño moral con la exigencia de reparación del daño con montos económicos que, en el caso del periodismo, pueden acabar con el patrimonio de un comunicador o de toda una empresa informativa. Esto va en sentido contrario de lo que ha pasado en el mundo, pero que en México se efectúa con preocupantes rasgos de un autoritarismo que busca controlar o socavar a los medios.
Si bien las legislaciones que limitan la libertad de prensa cambian de país a país, algunas son igual o más intrusivas por parte de sus gobiernos en la actividad de los informadores. No obstante, y pese a los embates que tanto desde el gobierno como por parte del crimen organizado se dan contra la prensa mexicana, y que ha llevado a decir que el nuestro es uno de los peores países para ejercer el periodismo, un informe del internacional Comité para la Protección de los Periodistas no tiene a México en su lista de las diez naciones con mayor censura en el mundo, y en la que sí destacan naciones del antiguo bloque socialista, africanas o islámicas, y una latinoamericana: Cuba. Casi todas caracterizadas por estar bajo regímenes dictatoriales.
En un país sumido en la inseguridad y golpeado por sucesivas olas de una misma pandemia y de una crisis económica generalizada, intentar restringir a como dé lugar la libertad de expresión y acallar las voces cuestionadoras o discordantes con el proyecto gubernamental, es una de las peores señales que se dan no solo contra el oficio periodístico, sino también contra el derecho del pueblo no sólo a ser informado, sino a contar con voces análiticas y críticas de la realidad en la que viven.