Con el inicio del debate en la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por legisladores de oposición a la ley de la industria eléctrica, se generó de entrada una confrontación —que fue solventada— entre los ministros por el aparente impedimento de la ministra Loretta Ortiz para participar en la discusión por sus antecedentes como opositora de la ley a debate, cuando fue diputada, además de cuestionamientos de expertos a la posible reforma del sector.
Entre los puntos en contra destaca que la iniciativa señala la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad en el sector eléctrico, lo que constituye una violación al principio de libre competencia y que pone en desventaja a los generadores de energías limpias, lo que, a decir de especialistas, afectará la calidad y expectativas de vida de las generaciones futuras al heredarles un sistema de contaminación legalizado, el cual en sus decisiones nunca consideró sus repercusiones a largo plazo y solo se enfocó a las soluciones de corto plazo, aunque aún falta también debatir si se debe considerar al suministro de energía eléctrica como un derecho humano.
La ministra Loretta Ortiz, quien se declaró a favor de la validez de la ley al no encontrar en ella una tendencia proclive al monopolio al darse prioridad a la producción de energía de la CFE por encima de otros participantes en la generación de electricidad, desató la polémica por parte de los senadores que alegaron que su imparcialidad no estaba garantizada al presentar lo que ellos señalaron como un conflicto de interés.
En tanto, una encuesta efectuada por el Banco de México (Banxico) entre grupos de analistas y consultores del sector privado, reveló que hasta una tercera parte de los especialistas consultados coinciden en ver al sector eléctrico como uno de los que está en mayor riesgo por su casi nulo nivel de competencia, seguido en una proporción similar por el resto del sector energético (petróleo, gasolinas y gas), con lo que sumados arrojan un preocupante porcentaje mayor al 60% de ámbitos de la economía que los expertos perciben como en grave riesgo al detenerse las inversiones en el campo energético, debido a situaciones de incertidumbre legal y regulatoria que mantienen en vilo su estabilidad y continuidad, y un obstáculo para el crecimiento del país.
En este tema, crucial para el futuro de un sector clave, todas las posturas y argumentos deben ser escuchados y sopesados antes de dar un paso tan decisivo para el país.