La afirmación hecha ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la alianza electoral conformada por el PRI, el PAN y el PRD —y apoyada por diversas agrupaciones ciudadanas y empresariales— es en realidad un contubernio para cancelar las ayudas sociales, debe prender focos rojos rumbo al proceso electoral del año próximo.
El Presidente tiene derecho a tener un punto de vista, desde luego, pero debe recordarse que él hizo previamente el compromiso de abstenerse de intervenir en las elecciones que ocurrieran durante su sexenio. Acusar a una agrupación política, ajena a su proyecto de gobierno, de tener la intención oculta de robarse el presupuesto destinado a los pobres, sin presentar pruebas de sus acusaciones, no sólo es temerario sino también peligroso. Implica un acto de intimidación hacia los electores y aviva innecesariamente el fuego de la confrontación en los que serán los comicios más grandes y complejos de la historia del país.
De hecho, los dichos bien podrían traducirse por parte del público como un amago: voten por mi partido o despídanse de los programas sociales a los que tienen acceso desde mi gobierno. Ahí radica la mayor gravedad de los dichos presidenciales.
Cuando el PRI era gobierno dominante, en cada proceso electoral se utilizaba, de forma malintencionada, el rumor de que votar por la oposición sería la ruina económica para el país. Esta parece una versión menos sutil de aquella vieja estrategia. Andrés Manuel López Obrador conoce muy bien el daño que hacen las campañas del miedo, pues él también las padeció como candidato.
Recientemente, el Tribunal Federal Electoral permitió que el Presidente emitiera descalificaciones contra la oposición, en contra de un primer criterio del INE que exigía al presidente objetividad y moderación. Ahora vemos las consecuencias del fallo.
Si bien el jefe del Estado de cualquier país tiene todo el derecho a tener una opinión sobre temas electorales, lanzar teorías conspirativas contra los adversarios desde la máxima posición de poder del país, tendría, cuando menos, que ser un tema analizado nuevamente por la autoridad electoral y eventualmente del tribunal federal.
Desde hace muchos años el hoy presidente siempre ha recalcado que el pueblo no es tonto, que es capaz de tomar la mejor decisión y que no necesita de que nadie le indique qué hacer o le marque el rumbo. Bien haría el mandatario en recordar sus propias palabras y no dejar que las acusaciones sin fundamento manchen la próxima elección.
