Una de las decisiones más polémicas que adoptó Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de tomar posesión como presidente de la República, fue la desaparición del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo militar cuya función era preservar la seguridad del titular del Poder Ejecutivo.
Que el presidente renunciara a la protección y se volviera vulnerable a situaciones en las que estuviera en riesgo su vida fue visto más como imprudencia que como una medida para demostrar su popularidad, para demostrar que es un ciudadano más en este país o para hacer realidad el argumento que esgrimía: “el pueblo me cuida”.
A dos años de haber llegado al poder, la situación es distinta. En cada gira por el país se realiza un despliegue de seguridad en el que participan diversas dependencias: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Presidencia de la República y las corporaciones estatales de seguridad pública.
Parte importante del operativo que se pone en marcha es la información de inteligencia. Se analiza desde la incidencia delictiva, nombres de grupos delictivos, zonas de influencia, hasta las rutas más usadas para cometer actos delictivos. Con esos datos se determinan las rutas terrestres más seguras por donde transitará el presidente de México y su equipo de ayudantía.
Muchos de quienes ocupan un cargo público, en automático pueden volverse blanco de agresiones. Sea por las decisiones que tomen o incluso por rivalidades políticas.
Hace poco más de tres meses el secretario de Seguridad de la Ciudad de México fue víctima de un ataque del crimen organizado. Hecho inédito en la capital del país, pero no para varias entidades donde los ataques a autoridades locales se han presentado desde hace varios años.
El presidente podrá sentirse incómodo por el aparato de seguridad que lo acompaña, pero nadie en este país escatima el hecho de que López Obrador es un jefe de Estado y como tal debe preservarse su seguridad. Es buena noticia que se adopten medidas para su protección. Por el bien de la vida pública del país, más vale prevenir.
