Haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 71 de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa que tendrá trámite preferente al iniciar ayer el último periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura.
El proyecto presidencial reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica con el objetivo de “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para beneficio del interés nacional”. Así enunciada, la iniciativa tendría que aprobarse en unos cuantos días y no en el periodo máximo de 30 que establece la Carta Magna. Pero el fortalecimiento de la CFE implicará el debilitamiento de otros sectores.
El aspecto central de la reforma es dar prioridad en el sistema eléctrico nacional a la energía producida por la CFE (que se genera en hidroeléctricas y en plantas de combustibles fósiles) por encima de la energía producida en el sector privado, que ha apostado a la electricidad originada con la fuerza del viento y con la luz solar.
Desde mayo pasado la Secretaría de Energía transitó en ese sentido por medio de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establecen barreras a la operación de energías renovables con lo que se generó incertidumbre sobre la continuidad de las llamadas energías limpias. El argumento es que las energías renovables son intermitentes y afectan el suministro.
Actualmente ese acuerdo está suspendido desde octubre por una controversia constitucional iniciada por la Comisión Federal de Competencia Económica. En estos días la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá una resolución sobre el tema.
Lo que no ha podido echarse a andar con un acuerdo emitido por una Secretaría, se pretende establecer ahora por medio de un cambio a la ley, aunque la autoridad no parece tomar en cuenta que el cambio representaría el regreso a un monopolio eléctrico estatal, con la inminente marginación de los actores privados y la imposibilidad de abrir cauces a la producción de electricidad por medio de procesos amigables con el ambiente.
Más que una defensa del nacionalismo, la medida recuerda al estatismo avasallador que prevaleció durante décadas con resultados nada positivos y que parecía superado.
