En la última estimación del Banco de México, el organismo financiero calcula que este año habrá pérdida de empleos en el país que afectarán a poco más de un millón 400 mil mexicanos inscritos en el sector formal, eso sin contar un monto similar o superior de personas que de igual modo podrían quedarse sin forma de generar ingresos en el sector informal, lo que contribuirá a la caída de 8.8% en la economía nacional al finalizar 2020, según lo proyectado por el banco central.
En el mismo informe, califica a la actual coyuntura económica que agita al país como de “alto nivel de estrés inédito” para el mercado laboral.
La creación de empleos es sin duda uno de los parámetros que se utilizan para medir la capacidad de un gobierno para proporcionar bienestar a sus ciudadanos. Por supuesto también importa la calidad del empleo generado: con prestaciones y con un salario que sirva para cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia, y que incluso le permita generar ahorro.
Junto con el empleo, el gobierno debe garantizar o atraer la inversión como generadora de fuentes de trabajo, pero si reiteradamente a ésta se le desprecia, sataniza o minimiza, sólo se consigue ahuyentar los capitales que se requieren para impulsar el desarrollo del país.
Reponerse de la grave pérdida de empleos tomará meses, quizá años. Y no será precisamente con la promesa presidencial de crear 2 millones de empleos que aún no se explica de dónde saldrán, toda vez que el Estado, aún más que el sector privado nacional, se encuentra acotado en los recursos con que cuenta, aunado a que tampoco puede apostar por atraer inversionistas extranjeros en medio de una crisis mundial.
¿Se pudo evitar la desaparición de puestos de trabajo? Probablemente no, porque el confinamiento impuesto por el Covid-19 tiene que ser riguroso para evitar un desborde incontrolado de la pandemia, pero un acuerdo entre gobierno y sector privado pudo haberlo atenuado.
La mira debe estar puesta ahora en la pronta recuperación del empleo. En esa meta el gobierno tiene que convertirse en un aliado que garantice confianza al inversionista y cumplimiento de la ley. Medidas federales recientes no solo obstaculizan esos requisitos, sino directamente los sabotean. Por ello es necesario corregir el rumbo si el objetivo real es fortalecer la fuerza laboral.
