Una de las primeras acciones que este gobierno tomó al iniciar el sexenio fue el combate al robo de combustible, conocido como huachicol. A finales de 2018 e inicio de 2019 esas medidas generaron durante varios días kilométricas filas para cargar gasolina, pero al final se aseguró que el hurto del combustible había disminuido hasta en 95%.
Dos años después la situación se mantiene. Datos de Petróleos Mexicanos correspondientes a 2021 señalan que el ilícito sigue mermando las finanzas de Pemex. En 2019 el quebranto ascendió a mil 269 millones de pesos, en 2020 bajó a 178 millones, pero en ocho meses de 2021 había repuntado a 175 millones. En robos detectados, la cifra pasó de 14 mil 910 en 2018 a 10 mil 571 en 2020, pero en 2021 volvió a escalar y se ubicó en 11 mil 37.
Desde el exterior ahora se advierte que ese ilícito podría tomar más fuerza como consecuencia de las sanciones que la comunidad internacional le ha impuesto a Rusia, por la invasión a Ucrania.
Una investigación de International Crisis Group, organización especializada en la prevención y solución de conflictos graves, concluye que por el conflicto en Ucrania el robo de combustible en México será más lucrativo, pero también por fallas del gobierno mexicano detectadas en su combate a la práctica del huachicol.
Entre los puntos vulnerables se destaca que el ejército no cuenta con la capacidad estructural para vigilar y proteger los más de 54 mil kilómetros de oleoductos, donde incluso identifican algunos tramos que identifican con las categorías de “problemáticos” y otros de “críticos”, y en donde sin mucha ciencia los delincuentes pueden identificar el momento idóneo para aprovechar esos huecos de protección.
La erradicación completa del huachicol todavía no se ha producido. Hay grupos que efectivamente disminuyeron sus operaciones o sufrieron golpes en su actividad (como el Cártel de Santa Rosa Lima), sin que eso signifique su desmantelamiento.
Los aumentos recientes en el precio del combustible son un incentivo para que las organizaciones criminales intenten de nuevo retar las capacidades del Estado para controlar ese delito. ¿Qué se ha aprendido en el combate al huachicol? ¿Están preparadas las autoridades para un eventual repunte?