Durante varios años el principal flujo de migración hacia Estados Unidos estuvo compuesto por mexicanos de prácticamente todos las entidades de la República, pero en años recientes su número se redujo y se vieron rebasados por migrantes centroamericanos, lo que tal vez hablaba de alguna mejora en las condiciones de vida en territorio mexicano y que a sus habitantes les hacía ya poco necesario tratar de buscar oportunidades de ese lado de la frontera.
Parte de la razón fue sin duda el recrudecimiento de la política antiinmigrante que se dio en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al poder de esa nación en 2017.
Pero ahora, una vez con el cambio de gobierno en Estados Unidos y el ascenso del demócrata Joe Biden, aunado a una doble crisis motivada por los efectos de la pandemia de Covid-19 y la inseguridad en ya varias regiones de México por el control que ejercen los grupos del crimen organizado, los mexicanos en ruta hacia el norte del continente vuelven a ser el flujo más abundante de migración hacia el territorio estadounidense y en menor medida hacia el canadiense.
Hasta enero pasado y en tan solo cuatro meses, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó la detención de más de 241 mil mexicanos que intentaron cruzar sin documentos hacia el territorio norteamericano. Esta cantidad representa un incremento de 41% con respecto al mismo periodo pero de 2020-2021. Además, llamó la atención que de entre ellos, más de 25 mil eran menores de edad que intentaron ingresar solos, lo que significa un alarmante aumento de más de 57% hacia lo registrado un año atrás, lo que tal vez se explique por el cierre de escuelas a raíz de la pandemia, el desempleo, las sequías e inundaciones y la presión de los cárteles que buscan reclutarlos y los obligan a huir del país.
Este fenómeno habla de una doble incapacidad del Estado tanto para generar empleo como para hacerles frente a las organizaciones criminales que están desplazando a comunidades enteras de sus lugares de residencia.
Por lo anterior, resulta indudable que solo será posible retenerlos si se mejoran las condiciones económicas del país, si se crean oportunidades tanto para el empleo como para la inversión, y sobre todo si el Estado también garantiza la seguridad y tranquilidad de la población.