El Congreso de la Unión, en específico la Cámara de Diputados, ha sido siempre un sitio de debate ríspido, de señalamientos claros y puntuales a sus pares para defender o apoyar puntos de vista. Es una muestra de la pluralidad que se vive en sociedades democráticas. Lo que ahí se debate se da frente a medios de comunicación y en transmisiones en vivo por televisión y redes sociales.
En los últimos días, luego de la votación del proyecto de reforma eléctrica, un partido político tomó la decisión de colocar en plazas públicas los nombres y fotografías de quienes no apoyaron la iniciativa presidencial con el señalamiento de “traidores a la patria”.
Así, como en la era del Viejo Oeste, sus rostros y nombres son exhibidos en la plaza pública como criminales y enemigos de la sociedad. De antemano estos legisladores, por haber ejercido su derecho a frenar una reforma que a su criterio no conviene al país, ya han sido juzgados y condenados, para ellos no hubo presunción de inocencia alguna y se les violenta su derecho a defenderse.
En la época romana, a los criminales se les crucificaba y sus cuerpos se dejaban expuestos a la intemperie como macabra advertencia del final que podrían tener otros que quisieran seguir sus pasos. En el tiempo de la Independencia, las cabezas de los líderes insurgentes fueron colgadas en la Alhóndiga de Granaditas por orden de las autoridades virreinales, para servir de escarmiento.
Y, ahora, aunque el mandatario directamente no expone a quienes decidieron no respaldar su reforma, sí asegura que el pueblo no linchará a los “traidores”, pero sí les exigirá explicaciones, lo que ahondará más la polarización política del país. Como señaló ayer en estas páginas Luis Felipe Bravo Mena, alimentar una división así “es la destrucción del debate político”.
Los legisladores señalados comienzan a mencionar que han recibido agresiones y que buscan solicitar la intervención de las Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado de Derechos Humanos, para denunciar la política de odio emprendida en su contra desde el partido oficialista y que contraviene el objetivo de tener sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Para quien expresa con frecuencia que la solución a los problemas del país son los abrazos, no es con una campaña de linchamiento como se puede trabajar por el bienestar del pueblo. Y eso bien lo saben los científicos, académicos, periodistas y feministas que han sido objeto reciente de señalamientos difamatorios desde el poder.