Apenas el jueves el país se conoció el homicidio de Luis Enrique Ramírez Ramos, y ayer se registraron los asesinatos de Yesenia Mollinedo, directora del portal de noticias El Veraz, y de Sheila Johana García, reportera y camarógrafa del mismo medio, en Cosoleacaque, Veracruz, alrededor de las 15:00 horas cuando se encontraban a bordo de un vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. Tres periodistas asesinados en cinco días. Once en lo que va del año.
Los asesinos no esperaron la noche para ocultarse en la oscuridad. Lo hicieron con la seguridad de que pueden llevar a cabo la agresión, escapar y probablemente nunca ser detenidos; no importa que actúen en Veracruz, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Baja California o Oaxaca (donde han ocurrido las muertes de los 11 periodistas este 2022).
La época sombría que está viviendo la profesión periodística no puede ni debe ser menospreciada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde el exterior se han emitido llamados para que el país adopte acciones que frenen la violencia contra el gremio, pero en lugar de aceptarlos han sido descalificados.
En febrero de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió al gobierno mexicano fortalecer su política de protección para los periodistas “ante el alto número de comunicadores asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan”. La respuesta de la autoridad fue que el funcionario estaba mal informado y además acusó injerencismo.
Un mes después, un exhorto del Parlamento Europeo para que se otorgue mayor protección a los periodistas en México fue motivo de una dura réplica presidencial en la que se tachó a los legisladores de “irresponsables”, “entrometidos” y “con mentalidad colonialista”.
Las condenas a los crímenes, las promesas de mayor protección y de que no habrá impunidad han perdido su valor. De nada han servido.
La interpretación que permanece es que no hay interés o, peor aún, no hay ideas ni capacidad para modificar las amenazas bajo las cuales se ejerce el periodismo en buena parte del país.
Si no hay interés, ¿será que no se considera importante consolidar uno de los pilares de toda sociedad democrática? Si no hay capacidad, ¿por que no se acepta y se trabaja de manera conjunta con el gremio periodístico? Mientras llegan las respuestas, la amenaza a la libertad de expresión crece.
