Al estar por iniciar el debate en torno a la reforma energética, es necesario que se escuchen todas las propuestas que surjan a la par de la iniciativa ya presentada dentro del contexto de la llamada Cuarta Transformación.
Una de ellas, fallida, al ser casi una copia de la iniciativa de reforma eléctrica avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es la que presentó el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, vicecoordinador del PRI,
Al igual que la iniciativa presidencial, proponía dejar el control del sistema eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la par que indica que el deber del Estado es detectar, estudiar y explotar todas las fuentes de energía que se localicen en el país.
Aunque consideraba a la energía eléctrica como un derecho humano de las y los mexicanos, suministrado íntegramente por el Estado bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad.
La iniciativa fue retirada por indicación de la dirigencia del tricolor, tras de que se conociera su contenido y levantara polémica al ser cuestionada por diversas voces de la política mexicana, al señalarse que solo constituía un eco de la propuesta del presidente López Obrador.
Aunque es una meta plausible pedir que se le vea como un derecho humano a la par de la salud o la educación, en los hechos constituiría también un gran escollo para la autosuficiencia energética de México, al cancelar al Estado —encargado de generarla y distribuirla— la posibilidad de allegarse recursos a través de su producción, volviendo entonces una carga para la nación al sector, el cual se vería en la necesidad de subsidiar el suministro energético de los mexicanos, con el alto costo que implicaría para los contribuyentes encargados de subvencionarla con sus impuestos.
Toda propuesta que se presente tanto para garantizar el acceso de los mexicanos a la energía, como para orientar los procesos de producción hacia su generación a partir de fuentes limpias y confiables, y la eventual salida de aquellas obtenidas a través de la combustión de hidrocarburos, debería hacerse considerando también sus procesos de financimiento e inversión, en donde todos los sectores involucrados entren en una dinámica de ganar-ganar para garantizar la autosuficiencia y sustentabilidad del sector energético nacional.