El resultado de una encuesta dada a conocer por el Inegi estima en 9 mil 500 millones de pesos el costo que para los mexicanos tuvo la corrupción durante 2021 y en donde más de 3 mil pesos fue el precio por persona que se tuvo que pagar en este país por acciones fuera de la legalidad.
Hay que precisar que no se trata de la gran corrupción, aquella de los montos estratosféricos y que involucra operaciones millonarias en maletines o transferencias hacia bancos en el extranjero, sino de las mordidas y moches con las que a diario conviven ciudadanos y funcionarios que permiten actos de ilegalidad y omisión en la aplicación de la ley.
Y aunque en 2021 se reconoce un avance por parte del sistema nacional anticorrupción, y una drástica y notoria caída del costo económico por concepto de corrupción cotidiana con respecto a los más de 12 mil millones de pesos reportados en 2019 —año del pico máximo histórico desde que se lleva registro en este rubro—, aún se está por encima de años previos.
Se trata de actos de corrupción en pequeño por parte de funcionarios en áreas de atención al público, pero que al incurrir en ella con la idea de que es la única forma de poder trabajar o moverse en este país, es normalizar un círculo de degradamiento social y perpetuar un daño que repercute tanto en los involucrados directos como en el resto de la población que resiente la pérdida o el robo de recursos que son de todos, que se traduce, por ejemplo, en que más de la mitad de la población esté insatisfecha con los servicios que recibe por parte del Estado.
Y es que se trata de montos que acumulados equivalen a seis veces al presupuesto anual de una secretaría federal.
El Presidente prometió, desde su campaña, que si se erradicaba la corrupción, el Estado se ahorraría 500 mil millones de pesos, que podrían destinarse a otras necesidades urgentes del país, como la salud o la seguridad, pero al participar todos de ella y fomentar en mayor o menor grado su permanencia, hace que esa meta se vea simplemente inalcanzable.
Dejar el combate de la corrupción y otras prácticas deshonestas solo a una de las partes —en este caso al gobierno—, es deslindarse de la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos y propiciar que nunca se acabe, con lo que se impide el avance social y la posibilidad para miles de mexicanos de poder romper con la esfera de pobreza en la que se hayan atrapados.