El ataque registrado contra el periodista Ciro Gómez Leyva resulta un oprobio para el ejercicio del oficio periodístico en nuestro país, pues nadie debería padecer ni poner su vida en riesgo por expresar ideas u opiniones, ni por difundir ningún tipo de información sensible pero verificable.
El intento de acallar al comunicador, que habría sido definitivo de no ser por el blindaje de la camioneta en la que se transportaba a su domicilio, refiere una reacción casi instintiva, no razonada en sus consecuencias y alcances para sus autores, pues los tiros lanzados contra su vehículo muestran que la intención final no era dar un aviso o amedrentar al periodista, sino acabar con su vida, por la posición en que quedaron los impactos de bala en la ventanilla de su auto.
De no ser por la protección del blindaje, que Ciro ha considerado necesaria por la labor que ejerce y en el contexto en que lo hace, en este momento la historia sería otra para el comunicador. Ello habla del extremo al que se tiene que llegar para poder seguir ejerciendo el oficio de informar y formar opinión, en medio de un ambiente en el que parece prevalecer la impunidad cuando de ataques a informadores se trata.
Hoy resulta que ejercer el periodismo en México es actualmente más peligroso que hacerlo en naciones de poco respeto a los derechos humanos como Afganistán o en contextos de guerra como el que azota actualmente a Ucrania.
Pero no solo la violencia y las amenazas son las que se ciernen sobre los informadores en México. Apenas un par de días atrás, el periodista y columnista de esta casa editorial, Carlos Loret de Mola, daba a conocer que ha sido demandado por Pío López Obrador, el hermano del Presidente, para que se le indemnice por lo que considera daños ocasionados a su persona, por las revelaciones que Loret ha hecho de los cuestionables manejos financieros que Pío ha realizado en apoyo de su hermano.
Todo lo anterior da cuenta del clima de persecución que hay contra quienes han elegido la divulgación de la información y la formación de criterio público, como su modus vivendi, y que encuentra como consecuencias el descrédito social, el golpeteo a sus finanzas y aún el ataque directo contra su patrimonio, su entorno familiar o su integridad física.
El ataque a Ciro Gómez Leyva debe suscitar un llamado a que no haya impunidad, al esclarecimiento pleno de los hechos y a que desde la autoridad se haga todo lo posible para brindar una protección efectiva a quienes conforman el periodismo mexicano.
Si se es parte del aparato de gobierno que puede y debe garantizar la seguridad para quienes ejercen el periodismo, no bastará solo con solidarizarse con las víctimas, sino crear un real entorno favorable para el ejercicio de su actividad.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.
