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Inmuebles en desuso, abandonados, vacíos, mal aprovechados o incluso invadidos por personas ajenas es el panorama que arroja un reporte del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se da a conocer que esa institución del Poder Judicial de la Federación (PJF) posee un total de 660 edificios y construcciones, de los cuales poco más de la mitad se han destinado a servir como vivienda para magistrados y jueces.
El informe revela que contrario al porcentaje que se dedica a vivienda, la otra mitad está desaprovechado y genera altísimos costos por concepto de renta, mantenimiento y modificaciones, adecuaciones o remodelaciones. En uno de los casos, uno de los edificios del Consejo en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo, no puede ser utilizado por un dictamen de Protección Civil en aquella entidad, que considera que sus potenciales ocupantes podrían correr un gran riesgo toda vez que a su lado se autorizó la construcción de una gasolinería, obra que también ya fue detenida tras de que la Judicatura presentó su inconformidad ante las autoridades estatales a fin de que a la distribuidora de combustible se le revoque el permiso de uso de suelo para dicha estación. En tanto llega la resolución que resulte favorable para una u otra parte, este solo inmueble está generándole pérdidas al PJF por 85 mil pesos mensuales por concepto de renta a los que deben sumarse casi 4 millones de pesos por adecuaciones que se le hicieron inicialmente y que no han podido ser aprovechadas.
Sin embargo, el caso más dramático es el de un edificio localizado en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, que la Corte adquirió en 1990 para posteriormente quedar en desuso, situación que fue aprovechada por personas ajenas al mismo para introducirse en él en 2016 y ocuparlo ilegalmente. Una vez instalados y viendo que su acto de invasión no les generó repercusiones, estos ocupantes se sintieron a sus anchas para instalar en él un puesto de narcomenudeo, hasta ser descubiertos y expulsados, previo levantamiento de una denuncia en contra de quien resulte responsable.
La invasión de este inmueble es una muestra emblemática de la pérdida de terreno que experimenta el Estado ante la delincuencia. No es posible que el poder judicial mismo ceda posesiones ante criminales. Si esto pasa con la autoridad, qué se puede esperar que suceda con el ciudadano común. No se puede permitir este tipo de ejemplos con tal grado de impunidad ni que casos como éste sienten precedente que sirva para inspirar a otros grupos delincuenciales a querer emularlos.
