El bloque que formaron al menos 16 diputados federales del PRI para obstaculizar la aprobación de la denominada contrarreforma eléctrica parece haber influido en que Morena, el partido mayoritario en el Congreso, esté dispuesto a discutir con las fuerzas opositoras algunos de los puntos de la propuesta presentada inicialmente al Congreso.
Con la disposición de Morena a ceder en algunos puntos de la reforma eléctrica demuestra que no es un grupo de posturas monolíticas y que hay accesibilidad para hacer modificaciones, pero aún algunos de sus integrantes hacen la precisión de que se trataría de puntos muy específicos que no cambiarán la esencia de la iniciativa, pues “no está a discusión”.
Se trata de una buena señal porque el trabajo de la política —representada por el Congreso y los partidos— debe ser siempre dialogar y negociar. No todos pueden ganar todo, sino hay que tener presente que siempre se debe privilegiar el bienestar de las mayorías, además de tomar en cuenta el parecer de especialistas en el ramo energético, de los empresarios del ramo, y en general de toda la iniciativa privada, por lo que aún no puede hablarse de una plena apertura en el tema, como lo resalta el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez, de Morena.
La discusión por la energía no es responsabilidad exclusiva del partido gobernante sino debe darse a nivel nacional e incluyendo a un gran número de actores relacionados con el sector energético. Hay que recordar que está en juego la pérdida de puestos de trabajo así como la de proyectos de generación de energías limpias, además de asegurarse que la falta de competitividad no lastime severamente al sector y, en consecuencia, a todo el aparato productivo nacional.
Ahora que a Morena no le alcanzan sus votos ni los de sus aliados para aprobar las iniciativas presidenciales, adopta una actitud más mesurada y conciliadora para conseguir entre la oposición esos votos que hacen falta, admitiendo la necesidad de enriquecer las propuestas con la visión de los contrarios.
La meta común debería ser dar a la población un suministro de electricidad de calidad, accesible, amigable con el medio ambiente y con tarifas bajas, con claridad en el manejo de los recursos naturales y financieros, pero sin detrimento de la soberanía energética nacional. Si esos objetivos pueden alcanzarse mediante un consenso de todas las fuerzas políticas en el que no haya imposición de una sola parte, entonces se está en buena senda.