Un buen y primer gran paso hacia la solución de casos de desaparición de personas en México es que la base de datos de estos delitos se está actualizando, haciendo que se tenga una cifra que si bien preocupantemente se acerca a las 100 mil personas desaparecidas, permitirá comprender patrones de conducta de los responsables y definir planes a seguir por parte de las autoridades.
Tras la creación en 2017 de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD), se ha podido documentar una cifra de desapariciones que de 2019 a 2021 fue más allá de duplicarse, pero que se debe, como explica en entrevista su titular Karla Quintana Osuna, a la labor exhaustiva de recopilación de casos que dio por resultado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, que hoy comprende reportes de desapariciones no resueltas desde 1964 y que permite no solo contar con un archivo con carácter histórico, sino constatar también el alto grado de impunidad que ha prevalecido a través de los años en relación con ese delito.
Además, como reconoce la comisionada, el Registro está abierto a todas las aportaciones de información que sean necesarias y sin ningún tipo de discriminación, pues cualquier informe o dato aportado contribuye a nutrir y conformar un panorama más próximo a la realidad en el recopilado de casos, útil para contrastar, desmentir o validar los datos oficiales.
Si como indica la comisionada Quintana, por primera vez el Estado mexicano se toma en serio tener un registro de personas desaparecidas, es de esperar que sea porque también hay intención y empeño de modificar para cada uno de los casos el estatus de desaparecido por uno de localizado, así sea fallecido, pues aún así y como han dicho diversos integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos, ello les devuelve la tranquilidad de por lo menos tener certeza sobre el destino final de su familiar o conocido.
Aparejado con lo anterior, las fiscalías deben actualizar sus protocolos de acción en casos de desaparición de personas y generar empatía hacia los denunciantes y no revictimizarlos, pues aún prevalecen criterios como el de esperar 72 horas cuando se trata de mujeres jóvenes, alegando que “se escaparon con el novio”, con lo que se pierde tiempo valioso que para muchas de ellas podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Documentar las desapariciones es sin duda un primer gran paso para cambiar la perspectiva y la forma de encarar estos delitos.