Actos de corrupción al interior del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), efectuados durante la administración del ministro Luis María Aguilar Morales como presidente del Poder Judicial de la Federación, vuelven a poner en entredicho la integridad de esta importante facción del Estado mexicano.
Las acusaciones van esta vez en contra del exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, como uno de los principales responsables de desvío de recursos y lavado de dinero mediante un esquema de empresas fantasma y favorecimiento a otras a través de licitaciones con dudosa neutralidad.
Las irregularidades fueron halladas en los procedimientos de contratación en los que participó Pérez Maqueda, quien era el encargado de avalar contrataciones públicas que realizaba el Consejo, tanto para programas de mantenimiento de edificios como en adquisición de bienes inmuebles, primordialmente en el estado de Jalisco.
Pero lamentablemente no es el único acto de corrupción encontrado entre miembros del Poder Judicial, pues también enfrentan denuncias sobre venta de exámenes para acceder a plazas, redes de coyotaje para tramitar asuntos ante los tribunales, licitaciones irregulares en los que se favorecieron a compañías prestadoras de servicios, nepotismo y hasta delitos graves como colusión con la delincuencia organizada y acoso sexual.
Una de las prioridades de su gestión que ha reiterado una y otra vez el ministro presidente Arturo Zaldívar al frente del Poder Judicial es el combate a la corrupción, así como la de recomponer el desorden administrativo en que recibió al sector que ahora dirige.
No obstante, ha reconocido que la tarea de erradicar la corrupción y el nepotismo en el poder a su cargo es una batalla que enfrenta fuertes resistencias internas y externas, a las que deben agregarse las descalificaciones continuas de que es objeto el Poder Judicial, destinadas a minar su autonomía y su credibilidad institucional.
Permitir que la corrupción prevalezca en el Poder Judicial es cerrar al país la opción de contar con una justicia de calidad, uno de los pendientes más apremiantes. Tener ese tipo de actos enquistados precisamente en el corazón del área de gobierno encargado de impartir justicia, es una terrible paradoja que mina la confianza de la ciudadanía en su gobierno. Sin embargo, que se estén revelando estos casos de corrupción y se prometa actuar contra los responsables para limpiar el nombre del Poder Judicial, constituye un aliento esperanzador en la cruzada por la honestidad en uno de los tres pilares del Estado mexicano.
