En este país hay problemas que parece que nunca podrán superarse, que llegaron para instalarse en el escenario nacional. Así, el tema de la pobreza, por ejemplo, ha permanecido por décadas como parte de los retos a vencer.
En los últimos años, se agregó el número de asesinatos; desde 2006 este índice inició una tendencia alcista que se ha estabilizado en la —muy alta— cifra de alrededor de 3 mil homicidios dolosos mensuales. Las estrategias en diferentes gobiernos han logrado contener temporalmente la violencia en algunas regiones, pero la seguridad se ha convertido en otro de los desafíos a vencer.
Desde esa perspectiva, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda asegura que lo mismo ha ocurrido con las desapariciones de mexicanas y mexicanos. La cifra oficial de desaparecidos es de 98 mil, sin que ocasione asombro o interés por el resto de la población; la situación se vuelve “normal”, como el bajo número de sentencias en materia de desaparición forzada (entre 35 y 40).
En la Comisión Nacional de Búsqueda se acepta que desde el Estado se hace pensar que la atención y el apoyo que ofrece son favores o dádivas “cuando no es así, son derechos; las autoridades estamos obligadas a garantizar derechos”. Y llama a comenzar un debate para cambiar un sistema que no ha funcionado. “Es una discusión que no hemos querido dar como país”, pero la realidad la vuelve urgente.
La desaparición forzada, hay que recordar, es una de las situaciones más dolorosas que puede presentarse; no se compara incluso con el homicidio porque este permite un cierre en términos emocionales.
El desdén a estos casos ocasionó el surgimiento de grupos de buscadoras —especialmente madres en busca de sus hijos—, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como una normatividad en la materia. Los esfuerzos lucen insuficientes.
Para combatir esa “normalización” de problemas como la pobreza, la inseguridad, la impunidad o las desapariciones se requiere del empuje de una ciudadanía informada y activa, y conocedora también de los derechos que establece la Constitución para hacerlos valer. Las omisiones que se dan en los tres niveles de gobierno solo podrán eliminarse si hay acompañamiento de organizaciones ciudadanas para denunciarlas.
Detrás de todos esos problemas puede encontrarse una razón inquietante: los derechos humanos no preocupan, no son una convicción y menos una forma de vida.