Para que la economía del país acelere el paso se requiere que vaya a dos ritmos y no como está ocurriendo actualmente. Las grandes obras públicas (el primer ritmo) no está todavía generando miles de empleos; eso ocurrirá seguramente cuando pasen meses o años de que entren en operación de manera total.
La inversión privada (el segundo ritmo) se encuentra actualmente paralizada y con escasos incentivos para que detone todo su potencial. Si desde que inició este gobierno la cautela es la consigna del sector empresarial antes de iniciar un proyecto, ahora suman la incertidumbre por el repunte inflacionario, un nivel no visto en los últimos 21 años, y por los riesgos de que el conflicto entre Rusia y Ucrania escale de nivel en cualquier momento.
Los directivos de los bancos asentados en México describen de manera clara la radiografía del país: “El gobierno federal está invirtiendo en proyectos importantes: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, pero no son suficientes para ser un motor de crecimiento para el país como se esperaba”.
Sin embargo, señalan que los frenos para que el dinero privado desarrolle proyectos productivos son la falta de certeza y el débil Estado de derecho. Y ponen como ejemplo la iniciativa de reforma eléctrica, la cual solo vino a detener inversiones en el sector, pues se desconoce si la ley final limitará la participación de particulares o mantendrá las oportunidades.
Las que remarcan los banqueros como condiciones para la inversión no son nuevas; por el contrario, son los requisitos mínimos indispensables que se necesitan en cualquier parte del mundo para echar a andar un proyecto que cree empleos. Si México no las ofrece, hay decenas de naciones más que cuentan con ellas.
La certeza se obtiene cuando no hay cambio de reglas a mitad del camino, como las hubo en el aeropuerto de Texcoco, en la construcción de una cervecería en Baja California, en la venta de medicamentos a instituciones de salud o como las pretende haber en el sector eléctrico. Por supuesto que también se logra cuando lo que rige la vida pública es la ley y no las decisiones de grupos delictivos.
Si desde el gobierno federal no se garantiza un ambiente ideal para la participación privada en la creación de empleos, la economía avanzará a paso lento alejando cada vez más la posibilidad de revertir la pobreza y la desigualdad. Cosas que nadie desea.