Indemnizaciones, compensaciones por daños económicos y morales, limpiar expedientes, quitar su nombre de listas negras y en general ofrecerles un desagravio público y justicia es lo que exige un grupo de otras víctimas de la guerra contra el narcotráfico: uno de elementos policiacos del estado de Hidalgo que fueron acusados injustamente de haber tenido nexos con organizaciones de criminales en 2009, tiempo en el que Genaro García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón.
Fueron 150 agentes, integrantes de la Policía Municipal de Pachuca, engañados en lo que se les dijo sería simplemente un operativo rutinario de revisión de armamento, que concluyó con su detención —sin orden de aprehensión o explicación alguna—, posterior traslado en autobuses a la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en la Ciudad de México, y finalmente su internamiento en un Cefereso de Veracruz, en donde se encontraron con policías de otros estados de la República en su misma situación. Ahí, la mayoría pasaría los siguientes cinco años de su vida en condiciones de total violación a sus garantías y derechos humanos. A todos se les acusó de aparecer enlistados en una narconómina del cártel de Los Zetas, y al grupo de Pachuca se les dijo que habían sido delatados por un supuesto compañero suyo al que nadie de ellos conocía y que más tarde se sabría que había sido un testigo inventado al integrar el expediente acusatorio.
Desafortunadamente, y como se está viendo conforme avanzan las investigaciones y otras víctimas toman también valor para hablar y exponer lo que vivieron durante la gestión de García Luna, se trata de una cadena más de falsedades e injusticias que, como en el caso de los policías de Pachuca, destrozaron la vida no solo de los acusados, sino también de todas las personas que los rodeaban. Algunos de ellos, tras ser exonerados, lograron obtener una compensación económica “para que pudieran empezar de nuevo”, pero a cambio de desistir de su derecho a pelear por justicia.
Más allá del caso, lo que se refleja es una vez más la tragedia del sistema penal mexicano y la deplorable práctica de la creación de chivos expiatorios. Hoy debe reconocerse la estrategia de paz del gobierno de la 4T pero si se siguen elaborando juicios con ministerios públicos poco profesionales, sin pruebas sólidas que respalden o desmientan acusaciones, con expedientes con múltiples inconsistencias, es que se mantendrá el círculo vicioso que sostiene el fracaso de nuestro sistema penal.
