Un sistema que se precie de actuar con miras a erradicar la corrupción debe primero que nada buscar y fomentar la participación de la ciudadanía, para que ésta denuncie actos indebidos cometidos por funcionarios públicos de cualquier nivel.
Sin embargo y en sentido contrario, quien se siente en deber de señalar actos indebidos por parte de funcionarios y que caen en el terreno de la corrupción, suele encontrarse con una pared de indiferencia o de riesgos para su integridad física, que no hace más que fomentar la impunidad y hacer de la corrupción una enfermedad endémica enquistada en el tejido social y aparentemente difícil de erradicar como estilo de vida.
En su introducción, en el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), se refiere la casi inexistente cultura de la denuncia ciudadana ante actos contrarios a las normatividades internas de las dependencias de la estructura gubernamental mexicana y por los cuales se llega a beneficiar o evitar consecuencias o sanciones para entidades o individuos particulares en su trato con las instituciones del Estado.
El que existan altos niveles de impunidad en los casos de corrupción, es sin duda consecuencia directa de los riesgos para quienes se atreven a denunciarlos, así como de la indiferencia de las autoridades encargadas de recibir estas denuncias, mismas que lejos de actuar con prontitud en la resolución de las querellas, fomentan la prolongación de las investigaciones y resoluciones, dejando entre la ciudadanía la sensación de que denunciar la corrupción es sinónimo inequívoco de pérdida de tiempo.
Sin esquemas apropiados de protección y garantías de anonimato para los denunciantes, se tiene como resultado un vergonzante índice estimado de que por cada hecho de corrupción denunciado, hay cien que no se denuncian por temor de los agraviados de verse afectados de alguna manera por alzar la voz. Se trata de una proporción escalofriante que explica en mucho que la corrupción se presente como un mal crónico de la vida civil mexicana.
Se debe procurar el establecimiento de normativas que garanticen la protección a los denunciantes, la garantía de su anonimato y la adopción de esquemas que ofrezcan investigación y resolución expedita de los casos denunciados, pues son los afectados los principales aliados del gobierno en la lucha que asegura ha emprendido contra la corrupción, señalada ésta como el principal mal que afecta a México.