La violencia en México tiene dos sexenios —y lo que va del actual— con cifras prácticamente siempre en ascenso. Estrategias van y vienen sin alterar el escenario criminal. A lo largo de este tiempo se recurrió al Ejército para combatir a la delincuencia, surgieron grupos que empujan legalizar la producción de drogas para disminuir los hechos de sangre y hay quienes impulsan un diálogo con líderes de bandas criminales para terminar con la inseguridad.
EL UNIVERSAL publica hoy una entrevista con Salvador Rangel Mendoza, obispo de Chilpancingo, que plantea al gobierno encabezar un diálogo “sin prejuicios” tanto con autodefensas como con el crimen organizado e incluso propone la inclusión del clero en esos eventuales encuentros.
La revelación esta semana de negociaciones entre el gobierno federal y grupos de autodefensa, con el fin de impulsar un “proceso de pacificación”, reavivó el debate sobre la pertinencia de perdonarles acciones ilegales que hayan cometido si abandonan sus armas.
¿Negociar con grupos armados o aplicarles la ley?
En el mismo gobierno hay división. Por un lado, la Secretaría de Gobernación precisa que los acercamientos son únicamente con grupos de autodefensas, surgidos años atrás como resultado de la incapacidad de gobiernos para propiciar un clima seguro en las comunidades. Por el otro, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en desacuerdo con esas reuniones y pidió ajustarse a lo que marca la Constitución y descartó que haya negociaciones con células del crimen organizado.
Cualquier reunión entre funcionarios del gobierno y grupos armados (sean criminales o no) debe darse frente a la opinión pública y sin repetir errores del pasado. México tuvo una experiencia fallida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese entonces se nombró a un comisionado para negociar con los grupos que, basados en el poder de sus armas, se erigieron como defensores de decenas de poblados en Michoacán. Algunos de ellos terminaron convertidos en bandas de corte totalmente criminal.
En esta ocasión convienen escuchar a gobernadores de Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, quienes están lanzando advertencias sobre la inconveniencia de negociar con “autodefensas”, debido a que es muy delgada la línea que los separa de la delincuencia.
La pacificación de amplias regiones del país es urgente, pero es momento de definir si la solución se tomará dentro de la ley o fuera de ella.
