En una coyuntura en la que el país vive la peor ola de violencia contra la mujer, la iniciativa presentada en el estado de Morelos para despenalizar la portación de artículos de defensa personal como bastones, gases paralizantes o inmovilizadores eléctricos, más que tranquilizante resulta desalentadora y poco menos que apropiada.
La medida recuerda la anécdota atribuida a la reina María Antonieta, quien ante los levantamientos populares en su contra por una creciente insatisfacción hacia su gobierno y el claro contraste entre su opulencia y la miseria de sus súbditos, quiso saber la causa de la ira popular. Cuando se le explicó que era consecuencia del hambre que azotaba al pueblo y se le dijo que la gente no tenía pan para comer, respondió: “Si no tienen pan, que coman pasteles”.
Así de fácil, el estado de Morelos parece querer resolver ahora la crisis de seguridad y violencia contra la mujer en su territorio, pero expertos y grupos feministas consideran que con esta medida el Estado descarga su responsabilidad y deja en manos de las mujeres darse protección.
¿Entonces la única solución que en Morelos se ve para la inseguridad que las mujeres viven no solo en el estado, sino en todo el país, es incentivarlas para que ellas mismas se defiendan, ante un sistema que dobla las manos y declara así su incompetencia para brindarles protección? ¿Se trata de una batalla perdida?
El problema manifiesto es que no se ha dimensionado la magnitud de un asunto tan grave como el de la violencia contra las mujeres, por lo que la respuesta del Estado, que en lugar de procurar protección y vigilancia, simplemente hace un lavado de manos en el que básicamente se les pide a ellas que se defiendan solas.
Y aunque si bien se quitó para las mujeres por lo menos ese indignante escollo por el cual la legislación penal morelense castigaba con más tiempo en prisión la portación de un artefacto de defensa personal que a quien comete un delito de acoso sexual, por otro lado se consiente la instauración del pacto patriarcal, con políticos envueltos en escándalos de acoso sexual y hasta violación, que involucran como víctimas tanto a mujeres como a menores, y que aun con todo son apoyados en sus carreras en puestos públicos.
No solo es la responsabilidad del Estado garantizar seguridad a sus ciudadanos, sino también incentivar un cambio de mentalidad, un nuevo esquema de educación en el que se inculque el pleno respeto hacia la mujer como paso esencial hacia la construcción de una sociedad de paz.
