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El anuncio de que las construcciones que se emprendan en la Ciudad de México a partir del próximo año tendrán que contar no sólo con autorización de autoridades y expertos, sino ahora también con la aprobación de los vecinos, podría redundar en una nueva crisis inmobiliaria, tras de conocerse que en 2019 la inversión en el sector cayó a casi la mitad del total que había estado manejando hasta el año pasado.
La nueva medida aplicará para todo inmueble o conjunto que se desplante en un terreno de 5 mil metros cuadrados en adelante, o en predios menores pero en donde la suma de lo construido exceda los 100 mil metros cuadrados de superficie.
Hasta hace poco, dejar a la industria de la construcción en libertad redundó en una proliferación de obras casi sin control, cuyos resultados más adversos se vieron lo mismo en el terremoto de septiembre de 2017 que un desplome sin causa justificada de una plaza comercial ya en funcionamiento o los registrados en diversas obras en alguna etapa de su edificación. Y eso en cuanto a su manufactura constructiva y su seguridad estructural, pero dejando de lado uno de los aspectos que más interesan dentro de una ciudad: su impacto social, es decir, la forma en que afectará a las construcciones vecinas y a la gente que ya habita en el lugar, quienes resienten el cambio ya sea en una menor disponibilidad de servicios —el agua, el más señalado de ellos— o en su movilidad al interior del entorno, ante la llegada de más personas al sitio.
Más que consultas, se debe hacer valer la ley, además de que los sondeos están sujetos a que se les acuse de no contar con representatividad absoluta o de opacidad en su funcionamiento o del objetivo que persiguen con su realización; además, la lógica indica que la respuesta de la población, al consultársele si desea una nueva construcción —especialmente las de grandes dimensiones, que son las que están contempladas para contar con la aprobación pública— será de un mayoritario rechazo, con lo que prácticamente ninguna gran obra se realizaría a partir de entonces, en el supuesto de respetarse el consenso general y por encima de cualquier explicación, justificación, taller o mesa de trabajo que pudieran ofrecer los constructores a los vecinos involucrados. Lo anterior hará que cualquier resultado que se dé a favor de una construcción, hará levantar sospechas sobre la forma en que se llevó a cabo la consulta y en la validez de sus resultados, pudiendo señalarse la existencia de otros intereses detrás de ella. Es por lo mismo que, como en todo proceso de consulta pública, deberá cuidarse al máximo la transparencia y confiabilidad de los procedimientos para dar certeza a las decisiones tomadas colectivamente.
