Mientras se habla de una crisis habitacional por falta de vivienda, medio millón de casas se encuentran abandonadas a lo largo y ancho del territorio mexicano, especialmente en zonas conurbadas de las grandes ciudades del país, con especial énfasis en la zona metropolitana de la Ciudad de México y localidades situadas en la frontera norte de la nación.
A diferencia de décadas anteriores cuando un abandono sólo podía explicarse por la muerte de un único dueño sin herederos, hoy la situación de estos inmuebles cuenta con causas multifactoriales, entre las que destacan la lejanía con los centros de trabajo, el desempleo, la escasez de servicios, desastres causados por infraestructura urbana deficiente, invasiones y hasta la delincuencia que azota a las zonas conurbadas.
Por considerar poco viable su rescate, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) considera ya causa perdida la posible rehabilitación de esta gran cantidad de inmuebles abandonados, por el enorme costo económico para el país que supondría hacer una inversión en casas que seguramente volverían a correr con la misma suerte, incluso para las 300 mil que se encuentran actualmente en litigio por invasión y para las que se ha incluso contemplado la regularización de sus ocupantes actuales en vez del desalojo.
Haber propiciado la construcción de ciudades dormitorio fue una política irresponsable que lo único que generó fueron ganancias y recursos para los constructores pero no bienestar para las familias, al no haber formado parte de un plan integral de urbanidad que contemplara la creación de polos de desarrollo y trabajo que impidiera los grandes desplazamientos que se deben realizar hacia donde están los empleos y los centros de estudio.
Ante las grandes distancias que hay que cubrir entre estas ciudades dormitorio y los centros de trabajo, los habitantes se ven en algunos casos obligados a rentar viviendas adicionales más cerca de éstos para poder cumplir con los horarios de trabajo o con los de estudio de los hijos, generando un doble gasto y metiendo más presión a la economía familiar.
Por otro lado está la inversión que se hace en transporte. Sus vidas están ancladas a esas largas y desgastantes horas que deben pasar en el transporte público. Todo ello se traduce en pérdidas económicas, desgaste y estrés que no habrá qué lo pueda compensar.