Cuando una resolución de cualquier autoridad o las modificaciones a las leyes pasan sobre los derechos de los ciudadanos, violentando normatividades vigentes, el juicio de amparo es el recurso para evitar que se materialicen las decisiones tomadas desde el poder.
Si un gobierno o cualquier poder en México recibe un tsunami de amparos después de reformar leyes o poner en marcha alguna acción, tendría que cuestionarse si sus decisiones se apegaron a la legalidad.
En lo que va del sexenio, los amparos han sido constantes para tratar de frenar actos u omisiones de la autoridad.
Comenzaron —por poner un punto de partida— con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Se presentaron más de 140 amparos contra esa medida; uno de los reclamos principales era conocer los dictámenes y permisos ambientales o de lo contrario se suspendiera la obra; mientras tribunales concedían la razón a colectivos civiles, desde el gobierno se acusaba de “sabotaje legal”; al final el gobierno tuvo que categorizar esa construcción como “instalación estratégica” para que se omitiera la entrega de datos solicitados.
Más recientemente, la reforma a la ley eléctrica desencadenó decenas de amparos, que fueron aceptados por jueces “para proteger los derechos a la libre competencia”. En esta ocasión el Poder Ejecutivo lanzó acusaciones directas en contra de los jueces que dieron la razón a los demandantes y exigió una investigación ante la sospecha de que actuaran “por consigna” o respondieran a “intereses de empresas nacionales y extranjeras” del sector energético, “en lugar de representar al pueblo”.
En la —incompleta— lista que se enuncia en estas líneas continúan los amparos otorgados a médicos mexiquenses del sector privado que interpusieron el recurso para ser vacunados contra el Covid. A pesar de que el presidente de la República y autoridades de Salud se comprometieron en enero a inmunizar a todo el personal médico, incluidos trabajadores de hospitales privados, ahora de manera directa les dicen que no los vacunarán y les piden que esperen cuando les toque el turno por edad. Se encontró más sensibilidad en el poder judicial que en la autoridad.
La creación del padrón de datos biométricos de usuarios es una medida que ayer comenzó a generar amparos, por considerar que se pone en riesgo información personal. Una raya más al tigre.
Ante un Ejecutivo y un Legislativo que toman decisiones sin pasarlas por el filtro de la legalidad, las esperanzas de afectados se reducen al arbitrio del sistema judicial mexicano que, imperfecto, aún da señales de garantizar la legalidad. ¿Resistirá?
