La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que hasta el momento 14 integrantes de las fuerzas armadas han perdido la vida en lo que va del año, ya sea al estar efectuando operativos antinarcóticos como al ser objeto de emboscadas perpetradas por miembros de los distintos cárteles que operan en el territorio nacional. En algunos casos, soldados han fallecido al realizar simplemente revisiones de rutina y toparse con criminales armados que los enfrentan.
Con esta cifra, y cuando todavía faltan poco más de tres meses para concluir el presente año, se ha sobrepasado ya el número de bajas que se reportó en todo 2018 entre efectivos del ejército y marina mexicanos en enfrentamientos contra miembros de la delincuencia organizada.
A la cantidad anterior es necesario precisar que se suma otra no especificada de agresiones contra representantes de las fuerzas militares, no sólo por enfrentamientos contra el crimen organizado sino también la registrada al confrontar a manifestantes y pobladores que llegan a proteger a delincuentes o modos ilícitos de vida, como los que se dan al emprender acciones contra el robo de combustibles, asalto a transportes de carga o al intentar contener el flujo de personas sin documentos migratorios hacia la frontera con Estados Unidos, casos todos en que se han registrado numerosos efectivos heridos. Eso sin contar a los que resultan lesionados durante marchas y manifestaciones civiles.
A lo anterior hay que agregar las humillaciones a que han sido sometidos elementos de distintas corporaciones de seguridad a los que se les ha quitado su armamento o se han liberado a detenidos por delitos graves. Frustrantes fueron también las imágenes que han circulado de soldados y policías acosados por pobladores de todas las edades, que los intimidan para que se abstengan de cumplir su deber y que llevaron a que Sedena emitiera un comunicado en que alertaban que ante provocaciones, se verían obligados a responder con la fuerza. En este sentido, Morena presentó ya una iniciativa para castigar con cárcel a aquellas personas que cometan agresiones contra el personal militar. Tiene que haber una definición clara que especifique dónde termina el derecho a manifestarse y en donde debe comenzar el necesario empleo de la fuerza pública, ya que el gobierno justifica su inacción en su compromiso de no ser un gobierno represor. El riesgo que se corre con esta actitud es mandar a cualquier infractor el mensaje de que puede cometer el delito que desee, ya que la autoridad, para no ser acusada de represora, garantiza impunidad ante quebrantos graves de la ley si la transgresión se comete en el contexto de un acto público de manifestación de inconformidad o por un delito del fuero común. Es hora de poner orden.
