La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene cifras contundentes: “80% de los trabajadores ha presenciado un acto de acoso laboral contra un compañero y 74% asegura que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes”.
El gobierno federal, uno de los mayores empleadores en el país, empieza a tomar cartas en el asunto de manera decidida y alista un código de ética que incluye lineamientos para evitar todo tipo de acoso laboral y sexual en oficinas gubernamentales. Se trata de un anteproyecto enviado por la Secretaría de la Función Pública a la Comisión de Mejora Regulatoria para su análisis. De aprobarse, sería de carácter obligatorio para trabajadores federales, quienes aun fuera del horario laboral tendrían que evitar conductas que dañen la imagen del servicio público.
Entre las medidas consideradas en dicho código estarían la prohibición de hacer piropos o insinuaciones de carácter sexual y la obligación de emplear lenguaje incluyente y no sexista en todas las comunicaciones institucionales escritas o verbales, tanto de carácter interno como externo. Contiene además instrucciones muy específicas para evitar hacer regalos que indiquen interés sexual en otra persona, llevar a cabo conductas dominantes o intimidatorias que persigan el sometimiento de una persona a los deseos sexuales de otra.
En lo laboral, se pide evitar conductas consistentes en ignorar, agredir, amedrentar, humillar, intimidar, amenazar, maltratar a una persona subordinada en el trabajo.
El anteproyecto representa un paso adelante para evitar conductas inapropiadas, sobre todo contra las mujeres, pues aunque puede haber maltrato entre hombres o de mujeres hacia varones subordinados, son casi siempre ellas las más vulneradas.
Establecer protocolos que prevengan o sancionen este tipo de comportamientos son un elemento básico y esencial para un servicio público sano tanto al interior como hacia el exterior, aunque será necesario que se incluya también los pasos que tendrán que seguirse para denunciar algún caso que se haya registrado, con el fin de que se inicie una investigación.
Acciones para prevenir y sancionar el acoso laboral deben trascender más allá del gobierno. Es casi una exigencia que se extiende a otros sectores como el educativo (universidades públicas, por ejemplo) y en empresas. El gobierno haría bien en utilizar esta coyuntura y comenzar una cruzada a nivel nacional y en todos los ámbitos para erradicar un ejercicio en el que una persona utiliza su posición jerárquica para hostigar a subordinados.