Nos comentan que la Secretaría de Marina, que administra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya está despachando en las instalaciones que ocupaba Interjet dentro del terreno de la terminal 1, a un costado de Circuito Interior. Nos explican que la dependencia no tuvo que poner ni un centavo por el edificio, que forma parte del remate de los bienes de la aerolínea dentro del proceso de quiebra derivado del concurso mercantil, ya que había un acuerdo previo en el que la empresa construía el inmueble y si caía en quiebra o dejaba de operar, pasaba a formar parte de la infraestructura del aeropuerto que dirige el contralmirante José Ramón Rivera Parga. La mala noticia, nos indican, fue para los extrabajadores que todavía se encuentran en huelga, debido a que contaban con el dinero de la unidad para completar sus liquidaciones.
El AICM arranca con el pie izquierdo
A propósito, nos hacen ver que las limitaciones operativas siguen pasando factura al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyas instalaciones atendieron a 3.7 millones de usuarios durante enero, 2.1% menos que en el mismo mes de 2024 y fue su peor arranque de año desde 2022. Los afectados continúan siendo los pasajeros nacionales, cuyo tráfico se redujo 3.9%, mientras que el flujo de extranjeros aumentó 0.7%. La buena noticia, según el Inegi, es que los boletos en el principal aeropuerto del país se abarataron 7.8% y es la primera vez desde 2021 que bajan de precio al comenzar el año.
Acuerdo será más a fuerzas que de ganas
Desde el mes pasado, nos cuentan que funcionarios de la Secretaría de Energía se reúnen con representantes de la iniciativa privada para convencerlos de poner un techo de 24 pesos al precio de las gasolinas. Durante las conversaciones, nos informan que el gobierno federal no quiere asumir la responsabilidad en el tema fiscal, debido a que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se convirtió en la estrella de la recaudación a partir del sexenio pasado y la carga impositiva significa hoy 40% del precio final. Nos dicen que los empresarios van a tener que sumarse al acuerdo, cuya firma está prevista en dos semanas, o asumir las consecuencias.