Hace varios años se modificó la Constitución para llevar a la carta magna el tema de la competencia económica. Este cambio permitió importantes reformas en estructuras como Pemex o CFE, pavimentando el camino que eventualmente permitiría la participación del sector privado en diversas partes de la cadena de valor de esta industrias. Sin embargo, la competencia económica no llegó a todos lados. De hecho se crearon nuevos organismos, autónomos, para asegurarse de que las libres fuerzas del mercado operaran, que hubiera flujo de información y aplicación de la Ley; pero el ingreso a ligas mayores en dichas organizaciones es un círculo muy cerrado al que no cualquiera llega. En pocas palabras, no existe competencia abierta y real en la selección de aquellos que tomarán decisiones que podrían afectar a millones de personas. Que exista la posibilidad de votar por ellos es, por lo menos, una duda razonable.
En la Teoría de la Organización Industrial, es decir la forma en la que se compite en los diversos mercados, se suele hablar de barreras a la entrada y a la salida en la industria. Sectores donde la inversión es muy alta, como la construcción de una central eléctrica, o la apertura de un banco, tienen como barrera que son intensivos en capital: no es lo mismo abrir una tienda de la esquina que incursionar en los sectores antes señalados. La inversión es una barrera a la entrada. Una vez dentro del sector puede ser muy difícil salir, pues se podría perder gran parte de la inversión en infraestructura fija. Como individuos, la especialización en un campo del conocimiento en ocasiones nos obliga a buscar trabajo en lo mismo, ese es otro ejemplo de barrera a la salida.
Cuando las barreras a la entrada son de naturaleza normativa, a través de la Ley o la Regulación se puede inhibir la competencia. Eso es precisamente lo que ocurre en el poder judicial: no cualquiera entra. No sólo es la regulación legal o requisitos de ingreso. Lamentablemente en México abundan las instituciones, públicas y privadas, que parecieran negocios familiares, pues muchos miembros de la familia trabajan en la empresa. En el sector privado, es comprensible pues abundan las empresas familiares, pero en el público, pareciera ser un requisito para ingresar.
En los mercados jurídicos abundan abogados litigantes, académicos, otros que reúnen ambos atributos, otros que son investigadores y conocen el funcionamiento de las organizaciones. En el estado actual de las cosas, ¿cualquiera de ellos puede ingresar al poder judicial? ¿cualquiera de ellos puede aspirar a ser juez?
No se trata de que cualquiera llegue. Definitivamente tiene que haber un proceso de selección muy escrupuloso que permita que aspiren sólo aquellos que reúnan los requisitos académicos, de experiencia y de solvencia moral para llegar al poder judicial. En pocas palabras, lo ideal es que se tenga un mercado donde exista competencia real para ocupar los diversos cargos de este Poder de la Federación.
Las decisiones que tomen los jueces pueden impactar a millones de personas. Lo mismo ocurre con otros funcionarios como los de Banco de México y, tal vez, el INEGI. Permitir que la población vote por aquellos que reúnan perfiles técnicos sólidos y que tengan solvencia moral no suena descabellado en lo más mínimo. De hecho, mantener el círculo cerrado más bien parece fomentar el tener un mercado donde no cualquiera puede participar y con ello obtener ganancias monopólicas o, por lo menos, oligopsólicas. La decisión no es menor y no puede ni debe tomarse a la ligera. El tema debe discutirse y los especialistas deben opinar. Si lo razonable es darle al Poder Judicial pequeños cambios, que así sea, pero si se debe sacudir para tener una mejor administración de justicia, lo ideal es que se haga.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM.
