La autodenominada Cuatro T sigue avanzando su agenda. Y seguirá ocurriendo en los meses y años venideros. Estamos en presencia de un cambio de política económica. El tamaño es aproximadamente igual al que en la década de los ochenta llevó a la privatización de miles de empresas públicas y de diversos servicios y prestaciones como es el caso de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. En 2013 se pretendió hacer lo mismo en el sector energético, por eso se abrió la participación del sector privado y se debilitó a las dos empresas públicas más importantes del país: Pemex y CFE, el objetivo era extinguirlas y abrir espacio al sector privado, pero les faltó tiempo. La reciente Reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha pasado casi desapercibida por la lucha entre el poder judicial contra el ejecutivo y el legislativo, pero sus impactos serán poderosos.
La visión del libre mercado extremo es que éste es una suprema fuerza ordenadora que permite que una sociedad determine lo que debe producirse, como y para quien producir. Este credo provoca que el Estado se contraiga y que sea el sector privado el que participe en las actividades económicas. Seto se vio en México y el mundo desde finales de la década de los setenta y durante los últimos cuarenta años. Se ha vertido mucha tinta sobre dicho periodo, tanto así que no vale la pena hacerlo más. Pero sí conviene señalar que hubo millones de perdedores: la clase trabajadora, que sólo observó cómo los ricos lo eran cada vez más, mientras que el libre mercado fallaba en su promesa de generar salarios más elevados.
En algún capítulo de El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, el autor sostiene que quien quiera mantenerse en el poder no debe olvidarse del pueblo. De las masas. Del grueso de la población. Esta simple máxima lo olvidaron los gobiernos neoliberales y provocaron que el poder de compra de los trabajadores se pulverizara y no creciera. En dicho contexto no sorprende que los ricos se hayan enriquecido más. Este olvido no ocurrió en la administración pasada, razón por la que hubo recuperación salarial en millones de trabajadores, una política y una medida de ningún modo despreciable. Desde mi perspectiva, esto fue lo que provocó que el partido político de la administración anterior no sólo conservara el Poder Ejecutivo, sino ahora también el Legislativo.
El poder judicial es ahora oposición. Al igual que muchos de los llamados órganos autónomos. Olvidaron la máxima maquiavélica de tener apoyo popular, mientras que el ejecutivo lo logró con la criticada política social de otorgar becas y pensiones a estudiantes, jóvenes y adultos mayores. ¿Sorprende el elevado porcentaje de votación a favor de una política que no se olvida de la población? El Poder Judicial y los órganos autónomos hasta hace poco han intensificado sus campañas mediáticas para señalar que lo que hacen lo hacen en beneficio de las mayorías. Hacen recuerdar la política dictada por Platón en La República, donde se criticaba a la democracia y se ensalzaba al Gobierno de un grupo de notables: “los sabios sabemos lo que al pueblo le conviene”.
Esta lucha de poderes continuará. Simultáneamente, poco a poco se seguirán dando pasos que revertirán las políticas de corte neoliberal que se establecieron en nuestro país a partir de la década de los ochenta. Muchos observan horrorizados que las empresas públicas ya no sean Empresas Productivas del Estado, sino empresas sin fines de lucro; desde esta perspectiva, se están aniquilando años de avance a favor del mercado y la productividad. Pero otra lectura es que en realidad se están enmendando errores del pasado.
El conflicto de poderes no es un tema menor. De su desenlace dependerá la forma en que en los años venideros se resolverán las controversias legales en todos los ámbitos, público, privado y social. Es un tema de gran importancia y un frente en esta nueva forma de administrar al país, donde el libre mercado no es una divinidad.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM
